París.- El Gobierno de Emmanuel Macron se decanta por retrasar la edad mínima de jubilación, que actualmente es de 62 años en Francia, hasta los 64, y no los 65 como lo había barajado en un principio, pero para compensar financieramente ese cambio se acelerará el aumento del periodo de cotización hasta 43 años.

Los medios franceses coinciden este lunes en que ese será el gran anuncio de la reforma de las pensiones que mañana por la tarde presentará formalmente la primera ministra, Elisabeth Borne, junto a los titulares de Economía, Bruno Le Maire, Trabajo, Olivier Dussopt, y Función Pública, Stanislass Guerini.

Borne ya había reconocido la semana pasada que los 65 años no eran intocables y Éric Ciotti, el presidente del partido conservador Los Republicanos (LR), imprescindible para sacar adelante la reforma, ha hecho de los 64 años una de sus condiciones para dar su apoyo.

Además, la opinión pública está mucho más en contra de retrasar tres años la edad mínima de jubilación. En una encuesta divulgada el pasado viernes, el instituto demoscópico Ifop explicaba que un 68 % de los entrevistados están en contra de subirla hasta los 64 años y un 79 % contrra los 65.

En cualquier caso, como el objetivo del Ejecutivo es equilibrar la financiación del régimen de las pensiones en el horizonte de 2030, hará falta un esfuerzo para compensar un año menos de lo previsto para la jubilación.

Eso será posible con una aceleración del ritmo al que crece el periodo de cotización necesario para beneficiarse de una pensión completa (sin penalizaciones).

En virtud de una precedente reforma de las pensiones, ese periodo aumenta progresivamente desde 2020 a 2035, de 41 a 43 años, pero ahora se trata de agilizarlo. Hay que tener en cuenta que cuando no se ha cubierto ese periodo de cotización, hay que esperar a los 67 años para jubilarse sin penalización.

Una de las incógnitas que quedan por despejar es si también se recogerá otra de las condiciones que puso este domingo el presidente de LR, que esestablecer como pensión mínima para los que han cubierto el periodo de cotización completa el 85 % del salario mínimo, es decir unos 1.200 euros actualmente en 13 mensualidades, pero no sólo para los futuros jubilados, sino también para los actuales.

Para extender ese mínimo también a los jubilados actuales, el ministro de Hacienda, Gabriel Attal, puntualizó que habría que buscar un mecanismo de compensación financiera, por un costo estimado de unos 1.200 millones de euros en el horizonte de 2027.

Porque en la actualidad hay cerca de 1,8 millones de jubilados que ganan menos de 1.000 euros mensuales pese a tener cubierto el periodo de cotización, sobre todo antiguos agricultores, autónomos y mujeres que trabajaron a tiempo parcial.

Todos los sindicatos se oponen frontalmente a una reforma que consideran injustificada o que, en caso de llevarse a cabo, tendría que empezarse a hacer con un aumento de las cotizaciones patronales, una opción descartada por Macron, que mantiene como uno de sus ejes políticos no aumentar los impuestos, sobre todo los de las empresas.

Las centrales se reúnen mañana para, inmediatamente después de los anuncios de Borne, presentar el programa de las primeras movilizaciones para intentar bloquear la reforma que, de acuerdo con los planes del Gobierno, será adoptada por el Consejo de Ministros del 23 de enero para que inicie el trámite parlamentario a comienzos de febrero.