A pesar de acudir a la Defensoría del Pueblo y cumplir con los requisitos, Manuel Arzola, señala que desde hace más de 5 años no ha podido ejercer su derecho al voto, en los diversos procesos electorales ocurridos en Venezuela.
«Yo Manuel Arzola, soy víctima y denunciante reiterativo por el derecho constitucional al voto y quiero hacer de conocimiento público que el día 3 de diciembre del año en curso me fue imposible ejercer el derecho al sufragio en el referendo consultivo por imposición política», relató.
Arzola recordó que en el año 2015 acudió a la Defensoría del Pueblo en el estado Bolívar, debido a que le fue «imposible» renovar su cédula en las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
«A fin de hacer expedida mi nueva cédula de identidad, lo cual no fue posible, me remiten a la dirección de la oficina SAIME San Félix, dado que, era la oficina donde yo saqué por primera vez mi cédula de identidad y ahí están mis datos filatorios», continuo.
Asimismo, señaló que el 29 de febrero de 2016 acompañado de la Defensoría del Pueblo, donde se levantó un acta y recibió la atención en aquel entonces de la abogada, Yulimar Salinas.
Inmediatamente, le fueron tomadas las huellas dactilares en «cinco oportunidades» y consignó todos los documentos requeridos, cumpliendo con todo lo que le fue exigido.
«Han pasado 7 años y más de 10 meses y la situación continúa igual, me dicen que mi situación se mantiene incómoda», destacó.
«Desasistencia y violación de derechos» hacia Manuel Arzola
Por su parte, Arzola, acudió a la Defensa Pública en busca de asistencia para presentar un amparo multidimensional por violación de derechos humanos.
Sin embargo, aseguró que la Defensa Pública no tenía abogados disponibles en esa área y no pudieron prestarle ayuda.
«A pesar de que me atendieron, me dijeron que no estaban facultados porque no tenían abogados en esa área para actuar con el juzgado con tesoro administrativo», enfatizó.
Por esto, considera que la falta de competencia en dicha área es una falta «grave», debido a que el Estado se encuentra en «mora» con todos los ciudadanos.
Es por ello que interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Superior del Estado de Bolívar y solicita al fiscal general de la república, Tarek William Saab, que revise su denuncia y todas las actuaciones realizadas.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
