Alrededor de 10.000 habitantes del área conurbada de Guadalajara, en el estado de Jalisco (oeste de México), se movilizaron este domingo para exigir la declaratoria de alerta sanitaria ante la grave contaminación del agua potable que llega por red a sus viviendas. Los manifestantes denunciaron que desde hace meses el recurso presenta olores fétidos y elevadas concentraciones de metales pesados y bacterias coliformes, lo que ha desencadenado un brote de afecciones cutáneas y gastrointestinales.
Bajo consignas como «¡El agua es un derecho, no un privilegio!», la marcha reunió a familias y colectivos de al menos 320 colonias afectadas, donde el líquido llega sin el debido proceso de cloración, según los análisis epidemiológicos y ambientales presentados por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
La movilización pacífica derivó en enfrentamientos cuando comisiones de la policía antimotines bloquearon e intervinieron el avance de la marcha hacia la residencia oficial del gobernador. La jornada dejó un saldo preliminar de nueve personas detenidas, cuatro ciudadanos reportados con paradero desconocido y decenas de heridos, incluidos profesionales de la prensa.
Bacterias, metales pesados y racionamiento
Aunque los fallos en la calidad del agua datan de tres años atrás, la contingencia se agudizó exponencialmente durante el último mes. Evaluaciones realizadas por organizaciones científicas e independientes en muestras de 200 colonias confirmaron la presencia de residuos fecales, bacterias y metales pesados de alta toxicidad como mercurio y cadmio.
Investigaciones preliminares atribuyen el origen de la contaminación a descargas residuales e industriales clandestinas en la presa Las Pintas, fuente primaria que abastece a la zona metropolitana. Ante la presión social, el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, ordenó la clausura temporal del embalse afectado. La medida implicará una reducción del 30 % en la disponibilidad del recurso y obligará a aplicar esquemas de racionamiento semanal de uno a dos días por sector.
Analistas de gestión ambiental y medios locales destacan que la crisis estructural es el resultado de la obsolescencia de las plantas de potabilización, el deterioro de la red de tuberías y presuntas irregularidades administrativas en la conducción del organismo operador del agua.
Impacto en la salud pública y el bolsillo ciudadano
Las consecuencias del deterioro hídrico ya se extienden al sistema de salud y al comercio local. En días recientes, pacientes renales denunciaron la suspensión de sus sesiones de hemodiálisis en clínicas públicas del sector debido a que la red no suministra agua con los parámetros microbiológicos requeridos para los equipos médicos.
En los hogares, las familias enfrentan complicaciones de salud que van desde brotes graves de dermatitis y urticaria hasta afecciones oculares y digestivas. Vecinos reportan la presencia de espumas anormales y sedimentaciones de coloración verdosa o café en los tanques de almacenamiento y aljibes.
Para mitigar el riesgo, numerosos habitantes se han visto obligados a comprar agua embotellada para el aseo personal, la cocción de alimentos y el lavado de utensilios domésticos, lo que representa un sobrecosto promedio de 500 pesos semanales (aproximadamente 27 dólares), una suma insostenible para los sectores de menores recursos.
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