El más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), publicado este jueves 11 de abril, revela que para el primer trimestre del año más de 30 mil presos sobreviven a un hacinamiento de 184,84 %. Para la oenegé esto representa “un riesgo crítico conforme a los estándares internacionales”.
En declaraciones de Humberto Prado, director del OVP, “la cifra de hacinamiento es mayor si se evalúan los centros carcelarios de manera individual”. Agregó que esto se debe a disparidad en la distribución de privados de libertad según el número de plazas. “Mientras que unos tienen mayor capacidad y menor población, otros están abarrotados debido a una distribución desigual”.
Contabilizó unos 18 centros inhabilitados. Cuestionó que “los cierran diciendo que los van a reparar”, pero estos “tienen años cerrados”. Como ejemplo de esta situación, mencionó la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), el cual “está cerrado y con personas que han enterrado dentro de esa cárcel”.
“Hay investigaciones que deben realizarse, pero las autoridades las mantienen paralizadas porque no se quieren encontrar con lo que ya ellos en una oportunidad encontraron, de una tumba colectiva de más de 16 personas privadas de libertad enterradas en la PGV. En ese mismo centro se encuentra Francisco Guerrero, que tiene una decisión del Comité contra la Tortura contra Venezuela para que busque su cadáver”, puntualizó el defensor de derechos humanos.
Contó que desde el Observatorio conversaron con varios reos y familiares, además hicieron un monitoreo que les permitió constatar que “más allá de los padecimientos diarios por la escasa alimentación y la nula atención médica, son miles los presos y sus familiares que agonizan tras ser trasladados lejos de casa”.
“En Venezuela los presos son recluidos sin considerar la cercanía de su núcleo familiar, e incluso lejos de los tribunales que llevan sus causas. Como consecuencia de ello, los familiares deben trasladarse a varios kilómetros de distancia y tomar diferentes rutas para dirigirse al centro de reclusión”, informó Prado.
Sentenció que las formas como se hacen los traslados “incumplen con las normativas de seguridad, pues existe poco personal y los vehículos usados para los traslados no están en óptimas condiciones”.
“Las personas no son trapos que pueden trasladar, las personas privadas de libertad son sujetos de derecho”, resaltó el director del OVP.
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