Caracas. En comparación con el año pasado el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), dio a conocer que, en el mes de octubre de 2019, la cantidad de protestas aumento un 18%.
La organización de la demanda de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), vinculados principalmente con exigencias laborales, servicios públicos, educación, salud y alimentos generan el mayor descontento de la población.
El resto de las protestas son por derecho civil y políticos (DCP), que incluye a grupos opositores y a simpatizantes al régimen de Maduro, además de los actores que demandan por derechos civiles como la justicia y la seguridad ciudadana.
Para el año 2018 se registraron un total de 1.418 en el mes de octubre y para este año se incrementaron a 1.739 un total del 18%, en un lapso de 10 meses desde enero a octubre, se llevan registradas 14.330 protestas.
En la distribución geográfica de las protestas, por estado, Anzoátegui lideró con 148 de las 1.739 protestas, le sigue el estado Bolívar con 130, Mérida (114), Miranda (105), Trujillo (101), y el Distrito Capital (97) son los estados de Venezuela que más destacan.
El mes de octubre se caracterizó por una serie de actividades cumplidas, como la movilización de trabajadores del sector público en exigencia de salarios dignos y respeto en las contrataciones colectivas; además las ejecutadas por las Federaciones Colegiadas con paros escalonados por 24 y 48 horas.
También se contó con el colapso en los servicios de agua potable, electricidad, gas doméstico, recolección de basura y alumbrado público, en algunos estados.
Sobresalieron las convocatorias hechas por grupos de la oposición, en atención a la escasez de gasolina, extorsiones y maltratos de funcionarios del FAES, DGCIM y GNB y para ello las modalidades de protesta más empleados fueron concentraciones, paros, cierres de calle y marcha.
Los trabajadores lideraron la conflictividad social en el país con 1.299 protestas.
Esto representó 75% del total registrado en todo el país, la activación que han tenido los trabajadores en el último mes se perfila cada vez mayor, en vista de que la crisis económica continua sin solución y por ende el aparato productivo luce cada vez más disminuido.
En octubre se concretó el tercer aumento del salario mínimo, el número 28 decretado por Nicolás Maduro, tomando en cuenta su llegada al poder en el año 2014.
Este ajuste unilateral e inconsulto fue rechazado por los trabajadores, ya que no permite cubrir para ellos, ni para sus familias las necesidades básicas, en un país, cuya economía está cada vez más dolarizada.
Las consignas más populares durante las protestas de octubre evocaron el artículo 91 de la Constitución: “todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales”; Además de cantar al unísono: “Yo quiero un sueldo para quedarme en mi país”, eso ha provocado que los gremios de los distintos sectores públicos hayan alertado sobre la escasez de profesionales especializados, técnicos, obreros y administrativos, debido a los bajos sueldos y desmejoras colectivas.
El OVCS – Observatorio Venezolano de Conflictividad Social – espera atender las demandas de la población que a diario ve desmejoradas sus condiciones para disfrutar de una vida digna, mediante el ejercicio de su profesión u oficio, con los servicios y sistemas de salud que le garanticen, mejor calidad de vida.
Avanzar hacia un proceso de transición para retomar la democracia, el estado de Derecho y las libertades en Venezuela, mediante la realización de elecciones libres y transparentes.
Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.
Esta investigación emplea como insumo principal, el seguimiento de situación a través de medios de información de alcance nacional y regional; también de fuentes de organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales (ONG), donde se destaca la observación directa, no participante, sobre los fenómenos estudiados.
Roger Velásquez Carmona
Pasante UBA
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