El Ministerio de Servicio Penitenciario de Venezuela informó que, por segundo día, continúa la atención de denuncias de familiares de presos, aunque no mencionó si se trata de una medida en respuesta a la huelga de hambre que inició el pasado domingo en varios centros penitenciarios y de detención contra el retraso procesal.
Aunque se registraron protestas en al menos 51 centros en 17 de los 23 estados del país, en las últimas horas los presos de varias cárceles han decidido levantar la huelga, luego de que el Ministerio Penitenciario empezara a atender los reclamos e, incluso, otorgara medidas de libertad, informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La ONG indicó que equipos del Ministerio de Servicio Penitenciario se han acercado a distintos reclusorios del país, con lo que han empezado procedimientos en tribunales, así como medidas de libertad, aunque, dijo, desconoce si estas son plenas o con cautelares.
También, según dijo el OVP en X, el Ministerio Penitenciario comenzó a instalar mesas técnicas en algunos recintos carcelarios «para revisar las causas de los detenidos».
Ministerio enseña imágenes de sus reuniones
El Ministerio de Servicios Penitenciarios ha difundido en redes sociales fotografías que muestran al líder de esa cartera de Estado, Julio García Zerpa, nombrado para el cargo, en conversaciones con mujeres y hombres recluidos en los estados Lara y Carabobo.
Se trata, explicó el Gobierno nacional, del comienzo de un despliegue de atención de las denuncias de los privados de libertad y de sus familiares, algunos de los cuales se han manifestado frente a tribunales para exigir respuesta a los reclamos de los reos.
En un documento enviado al OVP, un grupo de reclusos solicitó que diputados, jueces, Ministerio Público y Defensa Pública se presenten «para que se haga efectiva la práctica del plan revolución judicial», que contemplaba solucionar en 60 días, desde su aprobación, el hacinamiento y retardo procesal en las prisiones de Venezuela, según anunció el presidente Nicolás Maduro en 2021.
En el escrito, también se exige «libertad inmediata para los privados que se encuentran con retardo procesal», así como la de «toda persona mayor de 70 años» y de quienes se encuentren en condiciones de salud «que no pueden recibir atención en los centros de reclusión».
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha facilitado más información sobre la situación dentro de las cárceles y ni siquiera ha empleado la palabra «huelga» al hablar de la atención brindada desde el inicio de la protesta.
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