El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela informó este lunes que un total de 533 personas que fueron detenidas en el contexto de crisis postelectoral han sido excarceladas luego de una solicitud al Poder Judicial de la revisión de medidas de 179 nuevos casos, que se suman, según la fuente, a las 354 ejecutadas en las últimas semanas.
A través de un comunicado publicado en Instagram, la institución indicó que las nuevas revisiones de medidas fueron solicitadas entre el 10 y 14 de diciembre ante el Poder Judicial, todas correspondientes a «hechos de violencia ocurridos tras la celebración de las elecciones», cuando se desataron protestas en contra del resultado oficial, que dio la victoria a Nicolás Maduro.
Hasta la fecha, el Ministerio Público solo había informado de la liberación con medidas cautelares de 225 personas de los cerca de 2.400 detenidos en el contexto de crisis postelectoral, a las que se sumarían otras 103 que dio a conocer la Vicepresidencia Sectorial para la Seguridad Ciudadana el pasado jueves.
Entretanto, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de «presos políticos», computaba hasta el pasado martes un total de 1.913 detenidos por motivos de conciencia, la gran mayoría arrestados tras las presidenciales.
Liberaciones
Las últimas liberaciones se dieron a la vez que se produjeron nuevas detenciones, como las de dos coordinadores en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; la del activista y exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; y la del activista Luis Palocz en Caracas.
El sábado, ONG de Venezuela denunciaron la muerte bajo custodia del Estado de Jesús Rafael Álvarez, uno de los cientos de detenidos en la nación tras las elecciones del 28 de julio.
Álvarez, de 44 años de edad, estaba recluido en la prisión conocida como Tocuyito, en el estado Carabobo (norte), uno de los centros penitenciarios intervenidos en 2023 por las autoridades y habilitados este año para encarcelar, según Maduro, a «todos los guarimberos (manifestantes violentos)».
La ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos exigió «justicia y reparación» para la familia de Álvarez y que se determine la causa del fallecimiento, así como «las responsabilidades de los órganos de seguridad, que no cuidaron su integridad física y mental».
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