Japón, ubicado en una de las regiones con mayor actividad tectónica del planeta, lleva décadas perfeccionando su modelo de mitigación de desastres. A través del desarrollo de estrictas normativas inmobiliarias, el país busca atenuar tragedias humanas y materiales como la desatada recientemente en Venezuela, donde un doble sismo ha dejado al menos 3.800 fallecidos.
Asentado sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, el archipiélago nipón registra aproximadamente la décima parte de la actividad sísmica mundial. Por esta razón, la ingeniería local combina estructuras reforzadas con avanzados sistemas de amortiguación y aislamiento de base. La arquitectura sismorresistente japonesa no busca que los edificios permanezcan rígidos, sino que disipen la energía balanceándose de forma controlada para evitar el colapso.
El origen de la normativa moderna
Los estándares actuales tienen su raíz en 1981, cuando se aprobó una enmienda radical a la Ley de Normas de Construcción motivada por el terremoto de Miyagi de 1978. Este cambio legal marcó un hito: la filosofía de diseño pasó de centrarse en el endurecimiento de los materiales a la idea de flexibilizar y absorber las ondas de choque, implementando además una supervisión fiscalizadora mucho más rigurosa.
Posteriormente, el devastador terremoto de Kobe de 1995 —que cobró más de 6.400 vidas— aceleró la instalación masiva de sistemas de aislamiento sísmico en oficinas, hospitales y zonas residenciales. Los beneficios de esta tecnología han quedado demostrados en los grandes sismos ocurridos desde entonces.
A pesar del rigor general del sistema, el sector inmobiliario sufrió un duro golpe en 2005 con el «escándalo Aneha», cuando el arquitecto Hidetsugu Aneha confesó haber falsificado sistemáticamente los cálculos de resistencia estructural en decenas de proyectos comerciales y residenciales.
Grietas en el sistema y el peso de la herencia antigua
En términos generales, el comportamiento de las construcciones posteriores a 1981 ha sido sobresaliente debido a los bajos niveles de corrupción institucional. Así lo afirmó a la agencia EFE el profesor emérito de sismología de la Universidad de Tokio, Robert Geller, quien refirió que estas estructuras «han tenido un buen comportamiento».
Sin embargo, desastres recientes como el terremoto de Kumamoto (2016) y el de la península de Noto (2024), que causaron 273 y 720 muertes respectivamente, evidencian que aún existen vulnerabilidades. Mineo Takayama, profesor de la Universidad de Fukuoka, detalló en una publicación para la Sociedad Internacional de Sistemas Antisísmicos (ASSISi) que, si bien los edificios modernos cumplieron su cometido de mantener a salvo a los residentes evitando el desplome, muchos sufrieron daños severos no estructurales, como fisuras profundas en muros y fachadas.
El peligro de subestimar el riesgo regional
Para el profesor Geller, el núcleo del problema actual radica en la existencia de inmuebles antiguos levantados antes de los años 80 que no han sido demolidos ni reforzados de manera adecuada. De acuerdo con el especialista, esta falta de prevención se debe, en parte, a las constantes advertencias oficiales sobre un «supuesto e inminente megaerupción o terremoto de magnitud 9 en la fosa de Nankai» (al sur de la isla principal), lo que provocó que se restara importancia de forma implícita al peligro latente en otras provincias.
«He señalado en repetidas ocasiones que es un error pensar que la zona de Nankai es segura, pero también es incorrecto afirmar que corre un riesgo mayor que otros lugares. Con el nivel actual de conocimientos científicos, lo único que podemos decir es que Japón es un país propenso a terremotos y que pueden ocurrir en cualquier sitio, momento y sin aviso previo», concluyó Geller.
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