Jerusalén.- Seis semanas antes de que intente revalidar la jefatura de Gobierno en las elecciones israelíes, Benjamín Netanyahu volvió hoy a la Corte acusado de corrupción y se declaró inocente de los delitos de fraude, cohecho y abuso de confianza.

El Tribunal decidirá ahora el inicio de la siguiente fase: si la foto de Netanyahu sentado en el banquillo se repetirá semanalmente en plena campaña electoral o será después de los comicios del 23 de marzo, los cuartos en menos de dos años, que pretende ganar con la baza de una vacunación masiva contra el coronavirus.

Fue la pandemia la que obligó a aplazar el inicio del juicio, de marzo a mayo, y la actual vista, prevista para enero. Además, la defensa ha intentado en múltiples ocasiones dilatar el proceso judicial que, en el mejor de los escenarios, durará un año, pero la mayoría anticipa que se alargará durante varios.

Hoy la defensa volvió a pedir un aplazamiento de meses. Pero Netanyahu es ya el primer jefe de Gobierno israelí que está siendo juzgado en activo y concurrirá a unas elecciones con la imagen de un candidato sentado en el banquillo de los acusados.

PROTESTAS ANTE LA CORTE

Poco antes de las 7.00 GMT, Netanyahu llegó al Tribunal de Distrito de Jerusalén, entre amplias medidas de seguridad y decenas de manifestantes que lo calificaron de «ministro del crimen». «No nos rendiremos hasta que dimita», coreaban.

En esta ocasión, no hubo simpatizantes, después de que el domingo el primer ministro les pidiera no asistir por las limitaciones de reunión de la pandemia. «Sé que quieren darme fuerza por los casos inventados y falsos en mi contra» pero «no vengáis», dijo el mandatario, que ha acusado a medios de comunicación, fiscales y Policía de «caza de brujas».

Dentro de la sala, donde estuvo menos de una hora y luego dejó a su equipo legal con el resto de la vista, se acogió al escrito de sus abogados y se declaró no culpable.

LA ACUSACIÓN

El empresario del portal de noticias Walla y del gigante de telefonía israelí Bezeq, Shaul Elovitch, además de su mujer,así como el editor de Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes, también acudieron a la audiencia como procesados en los casos que implican a Netanyahu.

Son tres expedientes separados, los llamados Casos 1.000, 2.000, y 4.000, éste último el más grave ya que incluye el delito de cohecho. Por ello puede ser condenado hasta con diez años de prisión. Los de fraude y abuso de confianza están penados con hasta tres años de cárcel.

El matrimonio Elovitch es investigado en el Caso 4.000, en el que se acusa a Netanyahu de hacer favores a la compañía Bezeq a cambio de una cobertura favorable sobre él en Walla.

En el Caso 2.000 se juzga un intento de pacto de Netahyahu con Mozes para lograr una cobertura más positiva en Yedioth Ahronoth a cambio de limitar la distribución de su rival, el gratuito y oficialista «Israel Hayom». En el tercero, el Caso 1.000, Netanyahu es sospechoso de aceptar lujosos regalos de millonarios para él y su familia a cambio de favores.

EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL

Netanyahu concurrió a las pasadas elecciones de marzo cuando el Fiscal General del Estado ya había formalizado los cargos, sin que esto evitara un nuevo triunfo electoral, aunque su imagen se ha ido resintiendo.

Esta vez, su equipo de abogados lucha con uñas y dientes para aplazar una fase probatoria en la que, en principio, estaría obligado, junto al resto de los acusados, a acudir tres veces por semana a la Corte.

Cuando las encuestan de intención de voto muestran una ligera caída de su partido, el Likud, y el ascenso de rivales, Netanyahu ha centrado su campaña electoral en la vacunación contra el coronavirus, que espera alcance pronto a la mayoría de la población y le permita reactivar la economía para marzo, coincidiendo con los comicios.

Pero la reticencia a la vacunación de determinados sectores sociales ha ralentizado el ritmo, y las nuevas cepas han acelerado los contagios.

A la espera de que se pronuncie el Tribunal sobre la fecha de la siguiente vista, Netanyahu espera evitar hacer campaña electoral desde el banquillo de los acusados.

Laura Fernández Palomo EFE

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