Entre «deudas», pérdida de profesionales y protestas, el panorama en el ámbito educativo se prevé complejo; Raquel Figueroa, dirigente sindical del Colegio de Profesores de Venezuela, departió en una entrevista concedida a Unión Radio acerca de las principales situaciones que enfrentarán los docentes en el comienzo próximo del año escolar 2022-2023. 

Figueroa reconoció que el sector educativo venezolano enfrenta una «situación realmente grave» en la actualidad; entre las causas, señaló que «el régimen educativo se está violentando por una mala interpretación de fechas».

Indicó que el año escolar debería iniciar el primer día hábil de la segunda quincena del mes de septiembre, para finalizar las primeras semanas del mes de julio; «lo que dice la Ley Orgánica de Educación es que son 200 días hábiles del régimen escolar». 

Asimismo, detalló que en el país existe un déficit de más del 56 % de docentes, sobre los cuales no aseguró si estarían dispuestos a unirse a la convocatoria sobre el inicio de clases en octubre.

En tanto, denunció que «el Estado ha dejado de cumplir su responsabilidad constitucional» y aseguró que ha transferido sus responsabilidades a familias, comunidades y los propios docentes.

Al respecto, Luisa Pernalete, profesora y defensora de los Derechos Humanos, adelantaba en su columna «Sin maestros no hay escuela», publicada en el Correo del Caroní, que los docentes venezolanos se mantuvieron en las aulas durante el año escolar transcurrido «prácticamente subsidiando su trabajo educativo, puesto que se vieron obligados a ocuparse en otras actividades para conseguir más ingresos».

Pernalete hizo eco de las demandas del sector: «Nadie elige ser educador para hacerse rico, se hace elección y se persevera por vocación, pero al menos se espera poder vivir de manera digna».

Por su parte, Figueroa advirtió que tales situaciones podrían impedir que el año escolar se inicie con normalidad.

Deuda

La dirigente sindical hizo hincapié, de manera particular, en la deuda con los docentes, la cual catalogó como «gigantesca». Especificó que se ubica en 280 %, según la tabla salarial de la Segunda Convención Colectiva Única y Unitaria de los trabajadores de la Educación.

Recalcó además que algunos aumentos no fueron aplicados a los docentes, mismo que tampoco cuentan con seguridad social ni cobertura de salud.

«Hay un 85% de nuestros beneficios laborales que están violentados por el Estado», aseveró Figueroa, y aclaró que los temas tendrán que ser analizados a través de asambleas con las comunidades antes del retorno a las aulas, porque tal como opinó Pernalete en su artículo: «Sin maestros no hay escuela. Sin docentes no es posible ni la educación presencial ni a distancia tampoco».

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