

Venezuela estima en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las más de 17.900 personas que perdieron sus casas por los terremotos del pasado 24 de junio, para lo que el país necesitará recursos como los que están «ilegalmente retenidos» en el exterior, informó este sábado el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.
El balance de la emergencia indica que la brecha entre los damnificados directos registrados y la proyección habitacional responde a la necesidad de reubicar preventivamente a núcleos familiares que habitaban en zonas de alto riesgo geológico y estructuras que quedaron vulnerables tras las constantes réplicas.
Debate por los fondos retenidos en el extranjero
De acuerdo con las declaraciones del jefe del Legislativo, los costos asociados a una edificación a gran escala requieren la liberación inmediata de los activos venezolanos congelados en el sistema financiero internacional a raíz de las sanciones. Para el bloque oficialista, la recuperación de este capital es indispensable si se quiere cumplir con el cronograma de estabilización de las áreas afectadas sin comprometer otras partidas presupuestarias del Estado.
Esta postura coincide con los esfuerzos paralelos que adelanta el Ejecutivo nacional para reactivar los canales de financiamiento tradicional a través de conversaciones directas con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Despliegue en los campamentos y el censo biométrico
La proyección parlamentaria se da a conocer en el mismo momento en que arranca de manera progresiva un censo biométrico en los 89 campamentos transitorios habilitados por el Gobierno, donde actualmente permanecen refugiadas 17.266 personas de la región capital, Miranda y La Guaira. El objetivo de este registro único es evaluar al detalle el subsuelo de los terrenos y la situación familiar de cada afectado mediante el uso de lectores de huella dactilar.
El sismo doble del 24 de junio, considerado el más mortífero que ha experimentado Venezuela en el último siglo, acumula hasta la fecha al menos 4.118 fallecidos y 16.740 heridos, además de haber provocado el colapso total de 190 edificaciones y daños severos en más de 850 estructuras.
Alianzas internacionales y la propuesta de viviendas prefabricadas
Frente a la magnitud de la tragedia, el Gobierno venezolano mantiene equipos de expertos sísmicos provenientes de países de la región y delegaciones técnicas de Brasil trabajando en el terreno para el diseño de «ciudades antisísmicas». Asimismo, se evalúan soluciones rápidas en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, confirmó que la organización multilateral ya se encuentra recaudando fondos con el objetivo de importar viviendas prefabricadas al país sudamericano. Este método permitiría acelerar drásticamente los plazos de entrega y ofrecer una solución habitacional definitiva a las familias damnificadas antes de que concluya el año en curso.
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