Un grupo de aproximadamente 80 pequeños productores y ocupantes del sector La Sirena, en el municipio Padre Pedro Chien de El Palmar, estado Bolívar, se concentró públicamente para denunciar una sistemática campaña de hostigamiento, amenazas y destrucción de propiedades presuntamente ejecutada por la propietaria de la Finca La Amistad, identificada como Marianny Palencia.
Debido a la gravedad de la situación, los afectados elevaron un llamado urgente a las máximas autoridades nacionales, incluyendo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, al fiscal general de la República Larry Daniel Devoe, y al director nacional del Cicpc, comisario Douglas Rico, exigiendo una respuesta oportuna frente a los expedientes introducidos ante las instituciones correspondientes.
Durante el encuentro estuvieron presentes los jueces de paz de la localidad, encabezados por José Ríos, coordinador, Ramón González, Jesús Hernández y Roberto Pernía. Los funcionarios comunales indicaron que intentaron establecer mesas de mediación con la denunciada, apegados a la Ley de Justicia y Paz Comunal, pero esta se negó a recibirlos. Ante la negativa, afirmaron que es imperativa la intervención de los órganos de justicia ordinaria para salvaguardar la integridad física de los trabajadores del campo.
Viviendas derribadas y cosechas arrasadas
Uno de los casos más alarmantes es el del productor José Bolívar, quien consignó formalmente sus denuncias ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Según relató, Palencia, junto a un grupo de sus trabajadores, irrumpió en su parcela para derribar su vivienda con motosierras y posteriormente soltó ganado en los terrenos. La acción provocó la pérdida total de tres mil matas de ají, dos mil de pimentón, cebollín y plantaciones de maíz.
«Mis dos obreros tuvieron que huir asustados por el acoso y ya no quieren regresar. Las pérdidas son cuantiosas; con cada corte de ají y pimentón estimaba una ganancia de mil dólares», lamentó Bolívar, quien calificó los hechos como una medida de amedrentamiento para apoderarse ilegalmente de las parcelas ajenas.
Por su parte, Lilian Acosta Díaz, colaboradora de la Gran Misión AgroVenezuela, aseguró que denunció a Palencia en 2021 ante la Fiscalía Undécima del Ministerio Público por persecución. Sin embargo, acontecieron trabas institucionales graves: «El expediente desapareció en la Fiscalía y luego ocurrió lo mismo en el tribunal de la causa. Ahora, siendo la víctima, me quieren imputar a mí tras haber denunciado estos delitos».
Temor en los campos y sospecha de complicidad
Los agricultores manifestaron sentir miedo de salir de sus hogares y trasladarse a las plantaciones. Denunciaron que la agresora suele amedrentarlos sembrando falsas evidencias para incriminarlos, tal como ocurrió en una oportunidad previa con unos vecinos que terminaron detenidos por el Cicpc. Asimismo, exhortaron a los cuerpos militares y policiales a mantener la imparcialidad, tras alertar que han visto a uniformados ingresar con regularidad a la propiedad de la denunciada.
Los afectados también solicitaron la intervención del ministro de Agricultura Productiva y Tierras no solo para regularizar la situación agraria, sino para investigar el destino de un lote de tractores y materiales agrícolas destinados a los campesinos de la zona que jamás llegó a sus manos.
Finalmente, José Ríos, coordinador de los jueces de Paz en el municipio Padre Pedro Chien, advirtió que la situación es crítica y que existen indicios de eventos anteriores que pudieron costar vidas humanas, por lo que el Estado debe actuar antes de que ocurra una tragedia.
Según esta problemática atenta directamente contra la soberanía alimentaria, ya que los rubros de La Sirena surten diariamente los mercados de El Palmar, Upata y San Félix. De igual forma, alertaron que la denunciada pretende cerrar con bloques el acceso vial hacia el salto de agua La Sirena, considerado patrimonio natural y turístico de la comunidad.
Por últimos los afectados alertaron a las autoridades del Gobierno nacional, local y regional, asimismo hacen responsables a esta persona de cualquier situación de violencia que pueda ocurrir con alguno de los productores del Campo.
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