A pesar de los avances legislativos alcanzados en los últimos años, las mujeres en Paraguay continúan sometidas a «grandes niveles de violencia sexual y psicológica». Así lo advirtió Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará (tratado de la OEA para erradicar el abuso contra la mujer), durante su visita oficial a la capital paraguaya.
Mejía, quien se encuentra en el país por invitación de los órganos de Justicia, destacó que las cifras actuales son preocupantes: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 60,9 % de las paraguayas mayores de 18 años reportó haber sufrido violencia sexual al menos una vez en su vida, mientras que el 78,5 % denunció haber sido víctima de algún tipo de violencia de género.
El silencio y la estigmatización
Para la experta, los casos de violencia sexual suelen estar subrepresentados debido a una «estigmatización muy grande» que recae sobre las víctimas, lo que inhibe la presentación de denuncias formales. Esta falta de visibilidad impide que los sistemas de justicia reaccionen de manera inmediata.
«Hay niveles de violencia que no están tan penalizados socialmente; no hay un costo real frente a esa violencia», aseguró Mejía en conversación con EFE.
La naturalización del embarazo infantil
Uno de los puntos más críticos señalados por la representante de la OEA es la «naturalización del embarazo infantil». Mejía subrayó que estas situaciones son, en realidad, casos de violencia sexual permitidos por prácticas culturales que normalizan relaciones con menores de 14 años, algo que el propio Código Penal paraguayo prohíbe explícitamente.
Asimismo, alertó sobre la «sobrerrepresentación» de mujeres y niñas indígenas en las estadísticas de abuso. Al respecto, el mecanismo interamericano prepara una «recomendación general» para que el Estado paraguayo implemente estrategias específicas de protección para estas comunidades vulnerables.
‘Criadazgo’: Una práctica violenta e indigna
El análisis también puso el foco sobre el criadazgo, una costumbre arraigada en Paraguay en la que niños son entregados a familias ajenas para realizar labores domésticas a cambio de educación y vivienda.
El dato: Según la ONG Global Infancia, al menos 47.000 niños vivían bajo esta modalidad hasta 2011 (último dato disponible).
La crítica: Mejía calificó esta práctica como «violenta e indigna» y señaló que todo el sistema interamericano ha llamado la atención a Paraguay por considerarlo una forma de explotación infantil.
Finalmente, la funcionaria sentenció que una ley por sí sola no es suficiente. Para erradicar tanto el criadazgo como la violencia de género, es fundamental un trabajo de prevención que logre una «transformación cultural», despojando a la sociedad de la idea de que estas prácticas son normales.
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