Ciudad Guayana.- Alegando que necesita dinero para el «desarrollo» de las empresas del Estado, el mandatario Nicolás Maduro revierte la política de expropiación de su predecesor Hugo Chávez.
Durante una alocución presidencial el miércoles 13 de mayo, Maduro sorprendió con el anuncio de que ofertarán entre 5 % y 10 % de las empresas nacionalizadas, como Cantv, Movilnet, empresas mixtas de petróleo y hasta las empresas básicas de Guayana.
«Vamos a sacar a las distintas bolsas de valores de Venezuela entre 5% a 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional e internacional. Se podrán convertir en inversionistas de Cantv, de Movilnet, de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas y hasta de las empresas de Guayana», indicó Maduro a través de la televisora del Estado Venezolana de Televisión.
Empresas sin rentabilidad
La época del chavismo-madurismo venezolano tiene un saldo superior a las 5.000 empresas que fueron tomadas por el Gobierno, según la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
La época expropiatoria fue tan marcada, que llevó a muchas empresas a retirar sus capitales e inversiones antes de que los tentáculos de la intervención gubernamental les tocaran la puerta. Esto impulsó a la considerable reducción de la inversión extranjera. Según el Banco Mundial para 1997, dos años antes de que Chávez ganara las elecciones, la inversión extranjera superaba los 6 mil millones de dólares. Hoy, apenas, supera los 900 millones de dólares.
El economista venezolano, Manuel Sutherland, en entrevista con Nueva Prensa de Guayana desestimó que este tipo de medidas pudiera estimular la inversión extranjera. «Yo no creo que existan personas que quieran invertir en unas empresas que están quebradas y que no ofrecen ninguna rentabilidad. Yo no creo que eso pueda ser visto como una oportunidad de inversión», explicó.
Más del 50% de las empresas que fueron intervenidas por el Gobierno venezolano no están operando por, entre tantas cosas, la poca inversión gubernamental, según estimaciones de Conindustria. Aunado a ello, Sutherland culpó al nombramiento de personas que no tienen los requerimientos necesarios de estar al frente de las empresas públicas, del detrimento de las mismas.
«Si las empresas las manejan los militares o personas que no tienen la formación gerencial, entonces va ser muy difícil que las inversiones lleguen», ratificó.
-¿Cree que este tipo de anuncios demuestran que Chávez fracasó con su política de expropiación?
– Sí, por supuesto. La devolución del Sambil, las diferentes demandas internacionales por las expropiaciones mal hechas y que le han salido muy costosas a la nación. Además, la mayoría de las empresas expropiadas o nacionalizadas representaron un fracaso, representaron una destrucción a la fuerza productiva. Las expropiaciones del Gobierno son una de las políticas más destructivas que se han aplicado en América Latina en los últimos años.
-Hay que hacer una reversión de esa política. Pero eso depende de una ley que tiene que venir con marcos legales confiables y que de alguna manera subsanen los daños que este tipo de acciones le representaron a las víctimas.
Sobre esto, la práctica liderada por Hugo Chávez y luego retomada por Nicolás Maduro generó diversos deudores que hoy exigen recuperar los bienes que perdieron en Venezuela. Solo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones hay 47 arbitrajes. Hasta 1998 Venezuela solo tenía un caso en esa instancia.
-Que Maduro quiera vender un porcentaje de las empresas públicas, ¿Demuestra que necesita dinero de cualquier manera?
-Sí claro, el Gobierno tiene muy pocos recursos líquidos a disposición y está tratando de deshacerse de algunas empresas que están quebradas por varias razones: la corrupción enorme que allí se desarrolló; los precios excesivamente bajos de los servicios que prestaban; la falta de inversión en infraestructura, equipos, maquinarias y hasta formación profesional; así como los bajos salarios que ofrecen obligando a los obreros técnicos y especializados se vayan. Todo eso hace que las empresas tengan enormes dificultades para funcionar como deben.
Incertidumbre jurídica
El principal argumento del Ejecutivo, se basa en llamamientos a los empresarios y a los inversionistas extranjeros. A juicio de Nicolás Maduro esta es una oportunidad para que la economía crezca a través de la inversión.
Sin embargo; el Gobierno venezolano tiene más de 5.000 intervenciones a empresas en su haber. Esto hace que la confianza en la economía venezolana esté muy empobrecida.
El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, en conversación con Nueva Prensa de Guayana, culpó a esas expropiaciones y nacionalizaciones de la desconfianza que se produjo en el país. También “Los hechos van a hablar por sí solos. El tiempo demostrará si realmente esto trae consecuencias positivas. No es lo que se diga, sino lo que se haga”, manifestó.
Por otra parte, Pisella instó a Maduro de entregar las empresas que fueron tomadas. “Lo que se deben entregar son las empresas que fueron tomadas. Estas no fueron expropiadas porque no se les pagó el valor real a los dueños. Entonces lo necesario, en primera instancia, es entregar las empresas. Eso devolverá la confianza en el país”, concluyó.
Venta de acciones: «una oportunidad para los testaferros»
La figura de las reprivatizaciones, contrarias a las ideologías de Hugo Chávez, apareció en el escenario político del país que puntea la lista de países más pobres de la región: Venezuela.
En esta ola de reprivatizaciones Álex Saab, el presunto testaferro del Gobierno, fue protagonista al comprar la Corporación Inlaca. En 2020 los hermanos Khalil, quienes son señalados por Estados Unidos de tener vínculos con el extremismo islámico y de lavada de activos, se apoderaron de Lácteos Los Andes.
Referente al tema, Manuel Sutherland denunció que este tipo de acciones tenían como fin entregarles las empresas a testaferros.
«Eso puede ser la puerta a privatizaciones sigilosas, pero para entregar las empresas a los amigos del Gobierno. Puede ser una estrategia para que los testaferros del Gobierno se apoderen paulatinamente de las instituciones», aseveró.
Bolívar: el edén de las nacionalizaciones
El estado Bolívar se mostró como el lugar favorito y codiciado por el chavismo para hacer valer su engranaje político de expropiaciones. Desde la nacionalización de la Siderúrgica del Orinoco, hasta la toma de todas las empresas de la Faja Petrolífera del Orinoco son prueba de ello.
El sindicalista y coordinador de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana, Rubén González, rechazó esta medida y la calificó como una que no resolverá los problemas que hoy sufren las empresas. «Ellos lo hacen para, en el desespero que tienen, captar todo el dinero que puedan. Uno se pregunta quiénes van a ser las personas que comprarán esas acciones. Yo creo que sus aliados estarán allí. Los chinos o los rusos por ejemplo», indicó.
En Guayana las empresas dejaron de publicar las cifras reales de producción; los trabajadores empezaron a encabezar enormes listas de desactivados; los escándalos de corrupción, como el de Ferrominera al hipotecar su hierro a China; los trabajadores percibían sueldos paupérrimos, en parte culpa de la crisis económica que golpeó al país.
Todos estos elementos comenzaron a ser los protagonistas de la cultura empresarial de Guayana, cuando la fiebre de las nacionalizaciones aterrizó en suelo oriental.
Brayan Silva/ @brayansh2000
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