La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) exigió este sábado al Gobierno de Venezuela revertir la decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y mantener la cooperación con el tribunal, que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad en el país desde 2017. En un comunicado oficial, el CLIPP instó a la Fiscalía de la CPI a continuar «sin dilación» las averiguaciones durante el periodo de un año necesario para que la renuncia surta efecto formal. Asimismo, la organización solicitó a los países firmantes del Estatuto de Roma respaldar política y financieramente al organismo, ante la campaña diplomática anunciada por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para presionar el abandono de la corte internacional.
Posición oficial del Gobierno y denuncias de la organización
La reacción de la ONG se produce luego de que el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, confirmara la renuncia al Estatuto de Roma bajo el argumento de que la CPI opera con un «sesgo desproporcionado» hacia naciones de África y Latinoamérica. A juicio del CLIPP, la medida representa un «intento de cerrar una vía de justicia para proteger a responsables que aún ejercen el poder». La organización enfatizó que al menos 500 personas continúan privadas de libertad por razones políticas y recalcó que los expedientes llegaron al tribunal internacional debido a la inacción y falta de sanciones de la justicia nacional ante detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.
Recordatorio legal de la CPI sobre los plazos de cooperación
Por su parte, la CPI lamentó la postura adoptada por el Ejecutivo venezolano y recordó que la decisión no tiene efectos inmediatos, manteniéndose la jurisdicción y la obligación de colaborar en las causas ya abiertas durante los próximos doce meses. La Corte reafirmó que el proceso iniciado en el país sigue amparado por los tratados internacionales suscritos previamente por el Estado.
Antecedentes del expediente venezolano en el tribunal
El expediente de Venezuela ante la CPI inició en 2018 con un examen preliminar que derivó en la apertura de una investigación formal en 2021. Pese a que en 2022 el Estado venezolano solicitó aplazar las pesquisas en favor de los tribunales internos, en junio de 2023 la Corte autorizó a la Fiscalía a reanudar el proceso por considerar insuficiente el alcance de las actuaciones nacionales. Aunque la oficina técnica de la CPI en Caracas cerró en diciembre pasado por falta de avances en materia de complementariedad, los investigadores de la fiscalía mantuvieron la prosecución del caso directamente desde su sede en La Haya.
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