En Venezuela se registraron 134 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en el mes de agosto, 78 casos más que en julio, cuando se documentaron 56, de acuerdo a un informe difundido por la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
«En el contexto postelectoral se profundó la política de criminalización, represión y control social que afecta las acciones de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, aumentando las agresiones y el amedrentamiento en contra de quienes las realizan», indicó la ONG en su más reciente boletín.
Del total de casos, 56 fueron de intimidación y hostigamiento, 47 de estigmatización, 19 amenazas, 5 detenciones arbitrarias, 4 de judicialización y 3 en la categoría de «otros», sin precisar.
Detalló que el 72 % de los casos registrados que ejecutaron contra organizaciones no gubernamentales, mientras el restante 28 % estuvo dirigido a personas.
Los principales responsables, prosiguió la ONG, fueron medios de comunicación «gubernamentales» (36 %), seguido de funcionarios públicos (30 %), instituciones públicas (21 %), actores afines al Gobierno (7 %) y organismos de seguridad (6 %).
El CDJ indicó que estos hechos van acompañados de campañas sistemáticas de estigmatización, donde «personas y organizaciones son descalificadas y señaladas de enemigas, terroristas, desestabilizadoras, entre otros».
«Asimismo, preocupa la descalificación, amenazas e intimidación generalizada en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el país, enmarcadas en la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines», añadió.
Disolución de las ONG
El mes pasado, la Asamblea Nacional aprobó dicha ley que prevé la disolución judicial de estas agrupaciones que violen las disposiciones establecidas en la normativa.
Las ONG, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportaciones económicas destinados a organizaciones políticas o realizarlas a dichas formaciones, así como promover «el fascismo, la intolerancia o el odio».
Asimismo, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta «de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles».
Además, indica que las organizaciones deberán notificar «el financiamiento o donaciones» que reciban, a fin de «asegurar la licitud de los fondos», además de declarar las «donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes».
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