ONG denuncia que Justicia venezolana niega recepción de habeas corpus para activista presa

La ONG Provea denunció que tribunales penales de Venezuela se negaron a recibir un recurso de habeas corpus para conocer el paradero de la activista Martha Grajales, a quien denuncia como detenida desde el viernes, dijo este domingo a EFE el abogado de la organización Marino Alvarado.

«Se negaron a recibirlo (el recurso). Más de siete horas esperando y los funcionarios nos dijeron que estaban consultando si lo podían recibir», indicó Alvarado, en referencia a lo ocurrido este sábado, cuando él y el esposo de Grajales, Antonio González, acudieron al Palacio de Justicia en Caracas.

El abogado anticipó que este lunes acudirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para tratar de introducir el recurso y así conocer el paradero de Grajales, cuyo sitio de reclusión, según varias ONG, es desconocido.

Sobre el habeas corpus, explicó que está regulado en la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal y es «una acción judicial para indagar por qué una persona fue detenida, dónde se encuentra y en qué condiciones».

«Está muy asociado a situaciones de desaparición forzada cuando las autoridades no han informado dónde tienen detenida a la persona ni informado los motivos de la detención», añadió Alvarado.

Este sábado, Provea subrayó que «la recepción y admisión de la acción de habeas corpus no es un acto discrecional, es un derecho consagrado en el artículo 27 de la Constitución nacional y en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal».

ONU

En ese sentido, agregó, las autoridades judiciales «están en la obligación» de cumplir lo establecido en la Constitución y la ley y «garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva».

De acuerdo a varias ONG, Grajales fue detenida luego de participar en un «acto de desagravio» a las afueras de las oficinas de la ONU, en Caracas, en apoyo a los familiares de presos políticos que fueron agredidos el martes durante una vigilia en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Provea explicó que la activista fue una de las mujeres agredidas que esperaban una audiencia con la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, para pedir la revisión de casos de sus parientes, quienes fueron detenidos en el contexto de protestas tras las presidenciales de julio de 2024, cuando el ente electoral proclamó a Nicolás Maduro como mandatario reelecto.

Este sábado, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos condenó lo que consideró una «escalada represiva» contra parientes de presos políticos en Venezuela e instó a la ONU a seguir «documentando y visibilizando» lo que «ocurre» en el país, y también a que exijan al Estado venezolano a poner fin a la «violencia institucional».

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