La organización no gubernamental Acceso a la Justicia criticó este martes que la fecha escogida en Venezuela para las elecciones presidenciales, el 28 de julio, favorezca la movilización oficialista, por tratarse del día en el que se conmemorará el 70 aniversario del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
«¿Qué tiene de especial ese día? Mucho, para los simpatizantes del desaparecido mandatario, pues se celebra el natalicio de su líder. La jugada parece estar destinada a movilizarlos», indicó la ONG en una nota de prensa, en la que cuestionó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya convocado estos comicios con menos de seis meses de antelación.
En este sentido, remarcó que el llamado a las urnas se produjo el pasado 5 de marzo, un día que tampoco «se puede obviar», por tratarse «de otra fecha simbólica para el chavismo, pues ese día, en 2013, se anunció el fallecimiento del entonces mandatario».
«La decisión del CNE de fijar las elecciones presidenciales el 28 de julio es la última evidencia de las escasas intenciones de las autoridades por celebrar elecciones transparentes, libres y justas, así como de reconstruir la democracia venezolana», denunció la organización.
Sobre los lapsos establecidos en el cronograma electoral, criticó que se haya dado «poco tiempo» para tareas como el registro de nuevos votantes y para la organización de misiones internacionales de observación, como la de la Unión Europea (UE), pactada en octubre pasado en la negociación entre el Gobierno y la oposición.
«Parece ser el acta de defunción de dicho pacto, porque los lapsos parecen impedir la participación efectiva de los emigrantes o la observación internacional. Ambos asuntos, entre otros, formaban parte de las garantías electorales que se buscaban asegurar en estos comicios», resaltó Acceso a la Justicia.
Según el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), Nicolás Maduro buscará su tercer sexenio consecutivo en el poder, mientras que la oposición mayoritaria aún no informa cómo resolverá su candidatura, en vista de la inhabilitación que pesa sobre la exdiputada María Corina Machado, elegida en primarias pero impedida para inscribirse.
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