ONG Justicia, Encuentro y Perdón califica de “alarmante” y falto de rigor el informe fiscal sobre la muerte de Víctor Quero

La organización no gubernamental venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) catalogó este martes como «alarmante» el comunicado emitido por el Ministerio Público con relación a los resultados de la investigación sobre la muerte en prisión del preso político Víctor Quero Navas. El caso ha generado una profunda conmoción nacional debido a que el Ejecutivo confirmó el deceso diez meses después de haber ocurrido, ignorando las denuncias previas que lo reportaban como desaparecido.

A través de la red social X, la plataforma civil manifestó que es inaceptable que la Fiscalía pretenda validar un pronunciamiento de escasos párrafos como la conclusión definitiva de una averiguación penal rigurosa sobre la muerte del ciudadano. La ONG advirtió que el documento difundido solo podría considerarse admisible en calidad de informe preliminar de avance, puesto que, en caso contrario, se estaría ante un intento de clausura judicial falto del más mínimo sustento técnico.

Críticas a la opacidad estatal y omisión de socorro

Para Justicia, Encuentro y Perdón, el pronunciamiento oficial dista de esclarecer los hechos y, por el contrario, siembra mayores dudas, aparentando haber sido estructurado con la finalidad de blindar la opacidad del Estado. El gremio argumentó que el texto oficial despacha el fallecimiento escudándose detrás de un diagnóstico de índole médica, pero evade determinar la responsabilidad penal de las autoridades penitenciarias en el cuidado del interno.

La organización puntualizó que, si Quero Navas efectivamente pereció a raíz de complicaciones de salud, el Ministerio Público tiene la obligación legal de consignar pruebas médicas que certifiquen si el recluso recibió tratamiento oportuno o si existió una negligencia criminal y omisión de auxilio por parte de los funcionarios de custodia de la institución carcelaria, aspectos que fueron completamente omitidos en el dictamen oficial.

Denuncia por ocultamiento y cadena de responsabilidades

El aspecto considerado como de mayor gravedad por la ONG es el persistente silencio institucional en torno a los 16 meses durante los cuales la madre del fallecido, Carmen Teresa Navas, acudió infructuosamente a múltiples sedes estatales en busca de información fidedigna sobre el paradero de su hijo. A juicio de la organización defensora de derechos humanos, la Fiscalía ignora de forma deliberada la cadena de omisiones cometida por funcionarios adscritos a la Defensoría del Pueblo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), los tribunales de la causa y el Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Ante este panorama, la plataforma exigió la apertura de un proceso de investigación profundo, independiente y transparente que rinda cuentas por la desatención médica y que ponga a disposición de los tribunales competentes a cada uno de los servidores públicos involucrados en el ocultamiento de la muerte de Víctor Quero Navas.

El reporte de la Fiscalía y las peritajes forenses

Por su parte, la Fiscalía General de la República divulgó en sus canales digitales oficiales que no se detectaron indicios de violencia física o lesiones traumáticas en los restos del preso político. Según el comunicado del Ministerio Público, la necropsia de ley y las evaluaciones histológicas y toxicológicas complementarias arrojaron de forma concluyente que la causa del deceso se debió a un tromboembolismo pulmonar.

Asimismo, la entidad judicial precisó que los análisis forenses permitieron verificar una data de muerte aproximada de entre diez meses y un año de antigüedad respecto al momento actual de las evaluaciones periciales.

Antecedentes y cronología del cautiverio

De acuerdo con el historial oficial suministrado a inicios de mayo por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, Quero Navas ingresó al centro de reclusión El Rodeo I el 3 de enero de 2025. Los registros del penal detallan que el ciudadano fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario el 15 de julio del mismo año tras manifestar sintomatologías compatibles con una hemorragia digestiva superior y un cuadro febril agudo.

El informe de las autoridades penitenciarias concluye que el paciente falleció diez días después de su ingreso hospitalario debido a una insuficiencia respiratoria aguda secundaria. Tras conocerse este retraso informativo de casi un año, diversos partidos políticos, redes de activistas y defensores civiles cuestionaron severamente la actuación gubernamental y demandaron formalmente el inicio de una auditoría integral con acompañamiento técnico de organismos internacionales de derechos humanos.

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