Cinco provincias de la costa de Ecuador volverán desde este domingo a estar bajo un toque de queda nocturno, el cuarto en lo que va del año. Se trata de una medida con la que el Gobierno busca contener el alto nivel de violencia atribuido al crimen organizado, pero que también —según analistas— busca proyectar una imagen de acción frente a la inseguridad ante las próximas elecciones.
Este nuevo periodo de restricción regirá entre las 0:00 y las 5:00 horas del 1 al 10 de noviembre en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, donde se concentra la mayor actividad del narcotráfico. Durante este horario, la Policía y las Fuerzas Armadas realizarán operativos especiales y allanamientos en zonas catalogadas como críticas. El presidente Daniel Noboa justificó la decisión señalando que busca «reducir los riesgos para la población civil durante las intervenciones».
La recurrencia de los toques de queda
Noboa ha recurrido de forma constante a los estados de excepción y toques de queda como mecanismo para contener la actividad delictiva. Desde que en enero de 2024 le declaró la «guerra» a las organizaciones criminales —clasificándolas como «terroristas»—, el mandatario ha firmado sucesivos decretos que restringen libertades fundamentales como el tránsito nocturno y la inviolabilidad del domicilio.
Aunque los índices delictivos mostraron una baja inicial en 2024, el país registró un repunte marcado en 2025 con un récord de 9.283 asesinatos. A lo largo de 2026, el Ejecutivo ha decretado medidas restrictivas en los meses de marzo, mayo, septiembre y ahora nuevamente para el inicio de noviembre.
Debate sobre la reducción efectiva del crimen
Desde el Ejecutivo se asegura que la restricción de septiembre permitió lograr «un 40 % menos de delitos» y registrar las semanas con menos homicidios del año. Sin embargo, expertos como Luis Córdova-Alarcón, director del programa Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, sostienen que estos descensos son meramente puntuales.
Según Córdova-Alarcón, una vez que expiran los decretos, la criminalidad vuelve a incrementarse. Un ejemplo de ello es la provincia fronteriza de El Oro, que en el primer semestre alcanzó la tasa de homicidios más alta del país (68,74 por cada 100.000 habitantes), representando un aumento interanual del 62 %.
La impronta de las elecciones locales
El análisis académico apunta a que el Ejecutivo necesita «mostrar que está intentando contrarrestar algo», especialmente ante la cercanía de las elecciones locales fijadas para el domingo 29 de noviembre, donde el oficialismo medirá fuerzas contra la oposición correísta en las principales alcaldías.
El ciclo electoral recurrente en los últimos tres años ha colocado a la seguridad ciudadana en el centro de la agenda de gobierno. Pese al despliegue de operativos militares, los especialistas señalan que estas medidas extraordinarias aún no logran frenar problemas estructurales como el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.
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