El Gobierno brasileño entregará a la Policía Federal un informe sobre las amenazas y agresiones denunciadas por comunidades indígenas tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, según anunció el ministro de los Pueblos Indígenas, Eloy Terena. Una misión interministerial visitó las aldeas guaraní kaiowá en Mato Grosso do Sul para recabar testimonios sobre episodios de violencia.
La visita oficial se organizó tras la difusión de grabaciones atribuídas a empleados de la Alcaldía de Tacuru —ya apartados de sus cargos— donde se sugería envenenar el agua de los indígenas. Aunque la Fiscalía no detectó contaminación en los pozos, la Policía Federal mantiene abiertas las averiguaciones.
Más de 30 denuncias de violencia y ataques a líderes
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) registra más de treinta denuncias ligadas al proceso electoral, incluyendo amenazas de muerte, agresiones e incendios como el de la casa de rezo de la líder espiritual Ñandesy Roberta, de 90 años. Las autoridades investigan también posibles fallecimientos en la zona.
Ante estos hechos, el Ejecutivo creó una fuerza de trabajo junto a la Policía Federal, la Policía de Carreteras y la Funai para resguardar a las comunidades, en una región donde la población nativa votó mayoritariamente por Lula y persisten históricos conflictos por la demarcación de tierras.
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