aracas.- La oposición de Venezuela denunció este lunes el «asesinato» de los periodistas Andrés Eloy Nieves y Víctor Torres, abatidos el pasado viernes en las instalaciones de Guacamaya TV, en el estado Zulia -fronterizo con Colombia-, por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.
El hecho se dio a conocer el domingo por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que aseguró que «ocurrió durante un operativo de las FAES este 21 de agosto», sin que hasta ayer trascendiera el suceso.
La opositora representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina, Elisa Trotta Gamus, quien hizo la denuncia en nombre de los miembros del Parlamento, manifestó que las FAES son «el grupo de exterminio que usa la dictadura de (Nicolás) Maduro para asesinar a venezolanos» y agregó que no se debe «normalizar esta aberración».
Además, recordó que, según el informe emitido por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, las FAES hace un año «habían cometido más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales en apenas 20 meses», a pesar de lo cual «hoy no solo continúan asesinando, también tienen más respaldo de Maduro y su régimen».
Trotta hizo un llamado a los dirigentes, parlamentarios y defensores de Derechos Humanos de la región y del mundo, a denunciar esta situación en Venezuela.
«Están matando a nuestro pueblo por hambre, falta de medicinas y ejecuciones extrajudiciales avaladas por la dictadura», concluyó.
«VIL ASESINATO»
Según declaraciones del director de Guacamaya TV, Franklin Torres, difundidas por el SNTP, el suceso fue un «vil asesinato, un crimen.
«Esto fue un crimen. Violaron todas las leyes y haremos la denuncia formal porque esto fue un asesinato vil. Todos vimos cuando pusieron hasta armas a los cuerpos», precisó Torres en referencia a los efectivos que dispararon.
El SNTP señaló que la minuta policial daba cuenta de un presunto enfrentamiento y que la Policía vinculaba al comunicador con una banda delictiva de la zona.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo, a través de su cuenta de Twitter, que designó a dos funcionarios regionales para «investigar y sancionar» los hechos, que calificó como «lamentables».
«Los fiscales del Ministerio Público se encuentran en Cabimas desarrollando las siguientes diligencias: identificación de testigos y de vehículos, planimetría, trayectoria y comparación balística, experticia de las armas, trazas telefónicas (e) identificación de funcionarios actuantes», añadió.
LAS FAES, UN GRUPO ESPECIAL CUESTIONADO
En julio de 2019, Bachelet recomendó en un informe sobre la situación venezolana disolver las FAES por la presunta vinculación de sus efectivos en ejecuciones extrajudiciales.
En septiembre de ese mismo año, la alta comisionada afirmó en su actualización del informe que su oficina «ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país», al tiempo que lamentaba que no se hubiera seguido su recomendación de disolver esa fuerza policial.
La expresidenta chilena no fue la primera en apuntar a las FAES por presuntas violaciones a los derechos humanos, ya que son numerosas las organizaciones nacionales e internacionales que señalaron del mismo modo al cuerpo policial, pero sí la figura de mayor peso en hacerlo.
RESPALDO PRESIDENCIAL
Ante el informe de la ONU, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, no solo esquivó las críticas, sino que salió en defensa de las cuestionadas fuerzas especiales, que definió como «una necesidad para la paz» del país.
«Tienen todo mi apoyo, todo el apoyo institucional, legal (y) constitucional para que desarrollen sus funciones», aseveró Maduro en un acto de graduación de policías en diciembre de 2019, mientras denunciaba la presunta existencia de «una campaña mundial» para eliminar ese cuerpo policial.
EFE
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