La Organización Cisneros, grupo empresarial venezolano con presencia internacional, alista un plan de incremento de capital en el país caribeño mediante la estructuración de un fondo de 1.000 millones de dólares. El vehículo de inversión, denominado Intrépida y proyectado para ampliarse hasta los 2.000 millones, cuenta con respaldo financiero de Estados Unidos, Latinoamérica y fondos soberanos de Catar y Dubái.
La CEO del conglomerado, Adriana Cisneros, ratificó desde la Bolsa de Valores de Caracas que las inversiones se canalizarán prioritariamente hacia la agroindustria, los bienes raíces, las telecomunicaciones, los servicios básicos y las obras de infraestructura. La directiva descartó de forma expresa la entrada en el negocio de los hidrocarburos y la minería, rubros cuyas aperturas comerciales son gestionadas de forma directa entre el Ejecutivo nacional y la administración en Washington.
Desplazamiento de concesiones en el sector de los hidrocarburos
El repliegue de la Organización Cisneros respecto a la energía coincide con el escenario que enfrentan otras ramas de la familia y grupos empresariales privados en el área petrolera. Los herederos del empresario Oswaldo Cisneros sufrieron este año la revocación de los derechos de explotación de su firma DP Delta Finance en la Faja Petrolífera del Orinoco. El Ministerio de Hidrocarburos transfirió a la estadounidense Pacific Coast Energy la participación del 40 % que dicha sociedad mantenía junto a PDVSA en la empresa mixta Petrodelta.
Ante esta medida, los representantes legales de la compañía denunciaron una confiscación de activos y formalizaron un reclamo ante el Estado por un valor estimado de 2.000 millones de dólares. Por su parte, las autoridades gubernamentales justificaron la rescisión contractual argumentando supuestos incumplimientos en los compromisos de inversión e infraestructura por parte de la firma privada.
Disputas internacionales y política de asignación de yacimientos
Una dinámica similar afecta a la empresa mixta Petrocabimas en el occidente venezolano, cuya participación privada ha generado disputas entre la española Suelopetrol y la firma Globalable Holding, perteneciente a Ricardo Cisneros. Frente a las gestiones para transferir los campos de Cabimas Tierra y Tía Juana Tierra a la corporación estadounidense Pacific Coast, la representación de Suelopetrol solicitó la intervención del Gobierno español y anunció la activación de arbitrajes internacionales en caso de concretarse el traspaso.
Este reordenamiento en la titularidad de los yacimientos responde a la línea priorizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tras la captura de Nicolás Maduro en enero ha insistido en que las corporaciones energéticas de su país asuman la operatividad y explotación de los principales activos petroleros venezolanos.
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