Organizaciones sindicales internacionales alertaron este martes en una entrevista con EFE que el «movimiento sindical en Ecuador está bajo asedio» y que «es muy difícil» que las agrupaciones nacionales «puedan trabajar de forma normal para fortalecerse y crecer en estas condiciones».
El coordinador regional para América Latina y el Caribe del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT, de España), Ramiro Vega, señaló que las dificultades para el sindicalismo no son nuevas en Ecuador, un país que, aseguró, en las últimas décadas ha tenido una tasa de afiliación muy baja promovida por la propia «normativa». Sin embargo, observan que actualmente hay un ataque «mucho más duro» hacia los sindicatos y hacia el trabajo de los líderes.
Un historial de incumplimientos internacionales
Jordania Ureña, secretaria general adjunta de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recordó que el índice global de 2025 de violaciones a derechos laborales de la organización ubicó a Ecuador como el tercer país del mundo con peores condiciones para el ejercicio de la libertad sindical, solo superado por Bangladesh y Filipinas.
Agregó que el país andino ha permanecido en esta lista de naciones más problemáticas desde 2023 y aseguró que ha sido examinado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante 12 años por «incumplimientos graves de convenios fundamentales». «Ecuador es uno de nuestros países en el círculo de preocupación», afirmó.
Documentación de abusos y gestión institucional
Los dirigentes llegaron a Ecuador para recoger testimonios y documentar denuncias sobre persecución a dirigentes, despidos masivos, trabas a la organización sindical y presuntas vulneraciones de derechos laborales.
En ese marco, la misión fue recibida por la Defensoría del Pueblo. Durante el encuentro se abordaron casos específicos como el de Furukawa, la empresa de capitales japoneses sentenciada por esclavitud moderna por la Corte Constitucional ecuatoriana, reclamando el cumplimiento del fallo emitido hace más de un año. Pese a la apertura de la Defensoría, los delegados señalaron que la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional no los recibió y aún esperan respuesta del ministro de Trabajo, Harold Burbano.
El impacto del estado de excepción
Los dirigentes internacionales también señalaron que el estado de excepción y el toque de queda nocturno pueden utilizarse para «criminalizar» protestas sociales y limitar la actividad sindical.
«En otros países se ha utilizado como una herramienta para vulnerar derechos y en el caso de Ecuador no descartamos que pueda utilizarse en este sentido», señaló Ureña, mencionando el ejemplo de El Salvador. Vega coincidió en que los dirigentes locales han denunciado que estas medidas, justificadas por la crisis de seguridad, están siendo instrumentalizadas para frenar las reclamaciones del movimiento sindical.
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