Entre 20.000 y 26.000 niños migrantes no acompañados atraviesan una severa crisis de asistencia legal en Estados Unidos, luego de que el Gobierno de Donald Trump retirara la asignación de fondos públicos a las organizaciones civiles que ejercen su representación jurídica ante los tribunales.
La advertencia fue emitida por la organización Americans for Immigrants Justice (AI Justice) durante un simposio en Miami, donde su directora, Sui Chung, detalló que el contrato federal que financiaba a 100 agrupaciones venció el pasado 31 de julio. Esta medida provocó una reducción del 40 % en el presupuesto operativo de la entidad y la consecuente disminución de su personal especializado.
Desatención jurídica y endurecimiento de la política de arrestos
La interrupción de la asistencia legal ocurre en un escenario adverso para la minoría de edad migrante. Según datos del Vera Institute of Justice citados por la abogada Esther Olavarria, el 63 % de los menores involucrados en procesos de expulsión durante 2025 careció de un defensor en la corte, afectando a un universo estimado de 425.000 menores, incluidos aquellos que ingresaron acompañados.
A este panorama se suma el impacto social reportado por el Instituto Brookings, que calcula que 145.000 niños con ciudadanía estadounidense han perdido a uno o ambos padres debido al incremento de las detenciones migratorias bajo la actual administración republicana, la cual registró más de 50.000 arrestos solo en el mes de agosto.
«Es una necesidad increíble para poder asistir a estos menores que son una población muy crítica y muy vulnerable. Nos hemos visto obligados a buscar alternativas de representación porque no tenemos la capacidad», explicó Marisol Zequeira, directora del Programa Pro Bono de AI Justice, al instar a profesionales de otras ramas del derecho a sumarse a la defensa de estos casos.
Aceleración de procesos judiciales y temor entre patrocinadores
Los ajustes normativos han alterado la dinámica de custodia y juzgamiento. Alexandra Manrique Alfonso, directora del Programa Legal de Menores de Edad en AI Justice, indicó que los niños retenidos permanecen ahora un promedio de cuatro meses en casas de acogida debido al temor de los patrocinadores —quienes deben asumir su tutela— a ser arrestados o procesados al intentar reclamarlos.
En contraste con la prolongación del confinamiento en albergues, los expedientes en las cortes de inmigración experimentaron una celeridad inédita: los plazos de preparación para las defensas se redujeron de una ventana de tres a seis meses a periodos de tan solo dos o tres semanas.
Alerta por revictimización y riesgos de deportación
Las juristas advirtieron que la eventual repatriación sin asistencia legal expone a los menores a entornos de alta peligrosidad en sus países de origen, donde muchos sufrieron abusos, explotación por redes de trata de personas o persecución por parte de bandas criminales.
El enfrentamiento sin representación profesional a un sistema judicial complejo incrementa el riesgo de revictimización y agrava los cuadros de trauma que registran los menores al ingresar a territorio estadounidense.
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