OVP
Fachada del centro de reclusión 'C-P Fénix - Lara'. Foto: OVP

La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que 173 mujeres que estaban recluidas en un anexo femenino de una cárcel en el estado Lara las trasladaron sin que las autoridades notificaran a sus familias, violando «las garantías judiciales y los derechos humanos» de las presas.

En una nota de prensa, la ONG aseguró que esta movilización de las mujeres era «una amenaza» desde hace un mes y que «se materializó entre la noche del sábado 6 y este domingo 7 de enero, cuando se efectuó el desalojo de 173 reclusas a diversos centros penitenciarios de Venezuela».

El OVP expuso la preocupación de los familiares de las reclusas, pues «no saben a ciencia cierta a qué estado las trasladarían cada una de ellas».

Detalló que en este anexo femenino estaban recluidas más de 200 mujeres, pero que, durante el mes de diciembre, trasladaron a unas treintena a otros centros.

«El anexo femenino de Fénix Lara, uno de los 16 espacios en donde albergaban a mujeres privadas de libertad en Venezuela y, como lo denunciamos desde el OVP en un sinfín de oportunidades, ninguno de estos lugares los crearon con perspectiva de género», recordó la ONG.

Señaló que este anexo estaba en una de las torres de la cárcel de hombres y que, además, las reclusas fueron víctimas, en los últimos meses, de requisas «violentas».

OVP: en riesgo bienestar de las reclusas

Para el observatorio, estos operativos de traslado «atentan» contra el «bienestar físico y mental de la población reclusa», pues al momento de trasladarlas, la interna «pierde contacto familiar, carece de visitas, empeorando sus condiciones carcelarias, convirtiéndose más vulnerable a la extorsión o utilización por parte de grupos de fuerza dentro de los centros penitenciarios».

OVP y la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), que también denuncia las irregularidades dentro de las cárceles, advirtieron de un aumento de hacinamiento, luego de los traslados de miles de presos, recluidos en las siete prisiones intervenidas por el Gobierno el año pasado, a través de amplios operativos militares y policiales.

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