La Asamblea Nacional de Nicaragua inició este martes un plan de trabajo con el fin de preparar reformas a la Constitución y a las leyes electorales del país. La iniciativa responde a la instrucción directa del mandatario Daniel Ortega de impulsar cambios normativos que impidan formalmente que las fuerzas de oposición vuelvan a competir en procesos electorales, una medida que ha generado el rechazo inmediato de la comunidad internacional.
El Parlamento, de mayoría oficialista, confirmó que sostendrá sesiones especiales junto al Consejo Supremo Electoral (CSE) para fijar el marco jurídico que sustente la modificación constitucional. Durante los actos conmemorativos de la revolución sandinista, Ortega declaró abiertamente que su administración no permitirá comicios que pongan en riesgo el control del partido de gobierno, ordenando levantar «un muro» legal contra la disidencia.
Críticas opositoras y el modelo de partido único
Diversos líderes opositores han denunciado las intenciones del Ejecutivo de avanzar hacia la anulación del pluralismo político. El dirigente Juan Sebastián Chamorro sostuvo que las decisiones de Managua apuntan a la implantación de un sistema de partido único, similar al de países como China, Cuba o Corea del Norte, donde las autoridades se eligen mediante mecanismos de consulta interna del propio partido gobernante.
Hasta el momento, los detalles específicos del texto reformatorio se mantienen bajo reserva. Sin embargo, analistas coinciden en que la medida consolidaría el cierre definitivo de las vías democráticas, impidiendo que grupos adversarios disputen el poder por la vía de las urnas.
Condena internacional y tensiones diplomáticas
El anuncio desató inmediatas reacciones diplomáticas en la región. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Ortega de mostrar su «verdadera naturaleza autoritaria» y señalar que bajo su gestión no se volverán a celebrar elecciones transparentes. Rubio exhortó a la comunidad internacional a coordinar esfuerzos para hacer frente al régimen nicaragüense.
Paralelamente, el Gobierno de Panamá llamó a consultas a su embajador en Managua, Eddy Davis Rodríguez, lo que representa una rebaja directa en el nivel de las relaciones diplomáticas bilaterales tras calificar la supresión del derecho al voto como una grave afrenta a los principios democráticos. Por su parte, el Gobierno de Costa Rica manifestó su profunda preocupación por el avance sistemático del acoso a las voces disidentes y el cierre del espacio cívico.
Un mandato concentrado y denuncias acumuladas
Daniel Ortega, de 80 años, ejerce la Presidencia de Nicaragua de forma continua desde 2007. Desde febrero de 2025, comparte formalmente la jefatura del Estado con su esposa, Rosario Murillo, tras la aprobación de una enmienda constitucional que creó la figura de la copresidencia.
Organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición han reiterado su llamado a las instancias multilaterales para aplicar mayor presión política y diplomática sobre Managua, en un contexto marcado por acusaciones recurrentes de persecución política, inhabilitación de candidatos y desarticulación de las garantías electorales.
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