Managua.- Los periodistas nicaragüenses están optando cada vez más por callar las agresiones a la libertad de prensa para evitar ser víctimas de ataques de las fuerzas policiales o de simpatizantes sandinistas, alertó la red regional Voces del Sur en un informe divulgado este jueves.
«Voces del Sur lamenta que la censura y el silencio de las víctimas ante agresiones a la libertad de prensa continúe ganando la batalla», señaló esa red regional en un informe enviado a la prensa.
Sostuvo que «cada vez son más las víctimas que prefieren callar las denuncias para evitar que las agresiones de fanáticos sandinistas, trabajadores del Estado y fuerzas policiales aumenten».
Voces del Sur aclaró que de ninguna manera está culpando a las «víctimas del silencio, estamos conscientes del peligro, sin embargo debemos dejar escrito para la historia qué es lo que ocurre, porque la disminución numérica de casos que se observa no significa que las agresiones han bajado, sino que las víctimas han dejado de denunciar».
Esa red documentó un total de 9 violaciones a la libertad de prensa en octubre pasado en Nicaragua (7 contra periodistas y 2 contra medios de comunicación).
A una periodista se le violentó su derecho en 3 oportunidades en octubre pasado, además es el tercer mes consecutivo en el que es víctima de agresiones verbales por un militante sandinista, según el reporte.
Voces del Sur, creada en 2017, es una red regional de organizaciones de la sociedad civil de América Latina que trabajan en coordinación con el fin de promover y defender la libertad de prensa y de expresión, el acceso a la información y la seguridad y protección de periodistas.
PERIODISTAS SE SIGUEN EXILIANDO
Por otro lado, el mes pasado «al menos 4 periodistas fueron obligados al exilio» y en uno de los casos el comunicador viajó a Costa Rica a visitar a su familia y al intentar regresar fue avisado de que no tenía autorización para entrar a su país, indicó.
Al menos 160 periodistas y trabajadores de medios de comunicación de Nicaragua se han exiliado, por razones de seguridad, desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones contra el Gobierno que preside Daniel Ortega, según el informe del mes pasado.
Voces del Sur también lamentó que el Gobierno mantuviera «la política de falta de acceso a la información pública» antes y durante el proceso de votaciones municipales efectuadas el pasado domingo.
Asimismo, expresó su preocupación por la utilización de la Ley Especial de Ciberdelitos «como instrumento para acusar a ciudadanos disidentes», y mencionó el caso de 13 opositores que fueron acusados de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
En esta última etapa de Gobierno, Ortega ha cerrado al menos 52 medios de comunicación, incluyendo 23 en agosto pasado, la mayoría propiedad de la Iglesia católica, así como 15 espacios informativos, y ha confiscado diferentes medios de comunicación, incluyendo La Prensa, el diario más antiguo e influyente del país.
EFE
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