El Gobierno de Perú publicó el decreto que extiende el estado de emergencia desde el 15 de enero y por 30 días en las regiones de Lima, Cuzco, Puno, el Callao, en tres otras provincias y un distrito para controlar las protestas sociales que han cobrado la vida de 49 personas desde diciembre.
A través de un decreto supremo publicado esta noche en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo amplió en las zonas donde en la última semana se han reportado las mayores protestas antigubernamentales el estado de emergencia que el pasado 15 de diciembre entró en vigor en todo el territorio nacional.
La norma establece que, a partir de este domingo, el estado de emergencia regirá en las regiones de Lima, Cuzco y Puno y en la provincia constitucional del Callao.
También en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios y en el distrito de Torata, en el departamento de Moquegua.
Asimismo, la medida incluye cinco carreteras nacionales, entre ellas la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, Central, el Corredor Vial Sur Apurímac-Cuzco-Arequipa y el Corredor Vial Interoceánico Sur.
«Durante los Estados de Emergencia … Quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales», se lee en el decreto.
La norma precisa, además, que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Detalla que la intervención de las fuerzas del orden se efectúa conforme la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de fuerza de los militares.
El documento también señala que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de «perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación».
Por otro lado, el artículo cuarto del decreto extiende también a partir del domingo y por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 20:00 y las 4:00, que el Gobierno decretó esta semana en la sureña región de Puno, uno de los epicentros de las protestas.
En la puneña ciudad de Juliaca, las movilizaciones sociales que piden la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones para 2023 vivieron su jornada más mortífera, que dejó un saldo de 17 manifestantes fallecidos.
Desde que arrancaron las protestas en diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, 49 personas han perdido la vida, 21 de ellas en la última semana.
La norma lleva las firmas de la presidenta Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y los titulares de las carteras de Defensa, Interior y Justicia.
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