Lima.- El Gobierno del Perú está fallando en su obligación de garantizar el derecho a la salud de cientos de indígenas del Pueblo K’ana, en la provincia de Espinar, expuestos a altos niveles de metales y sustancias tóxicas, según denuncia un informe presentado este martes por Amnistía Internacional (AI).
El joven Gerson López, de la comunidad indígena Alto Huancané, sufre de forma frecuente sangrados de nariz, náuseas, vómitos y calambres, unos síntomas que los doctores no han sabido explicar, pero que él asocia a los altos niveles de metales que detectaron en su cuerpo una década atrás, cuando tenía 12 años.
«(Los médicos) solamente nos dieron un diagnóstico y no nos dijeron nada de cómo curar o prevenir (la exposición a metales tóxicos). Nos han dado la espalda», se lamentó a Efe López.
Como él, cientos de indígenas del Pueblo K’ana llevan años denunciando el abandono del Estado peruano frente a la crisis de salud que afecta a la provincia de Espinar, en la región andina de Cusco, donde el 78 % de los habitantes tiene altos niveles de metales y sustancias tóxicas en su organismo.
Así lo revela el informe «Estado de salud fallido», que urge a las autoridades a diseñar e implementar, con plena participación de las comunidades indígenas, un plan de emergencia que determine cuáles son las causas de la presencia de sustancias tóxicas en los cuerpos de los habitantes de Espinar.
«A estas comunidades se les ha negado un aspecto fundamental del derecho a la salud. Tienen derecho a saber cuál es la fuente de la exposición a metales y sustancias tóxicas e identificarla es una responsabilidad del Estado peruano», sostuvo a Efe María José Veramendi, investigadora de AI y autora del estudio.
Solo así, agregó, la zona dejaría de ser «un ejemplo más del estado fallido del sistema de salud» del Perú, donde se estima que hay más de 10 millones de personas, el 31 % de su población, en riesgo de exposición a metales pesados y otras sustancias químicas.
CRISIS SANITARIA
El estudio de AI se realizó en 11 comunidades indígenas ubicadas en el área de influencia del proyecto minero Coroccohuayco, la extensión de la mina Antapaccay que opera la transnacional suiza Glencore.
En el terreno se tomaron muestras de sangre y orina a 150 voluntarios que concluyeron que casi ocho de cada diez presentó niveles de metales y sustancias tóxicas por encima de los valores de referencia.
En concreto, un 58 % tenía niveles elevados de arsénico en su cuerpo, un 29 % de manganeso, un 12 % de cadmio y, en menor medida, un 4 % de plomo y un 3 % de mercurio.
Además, algunos comuneros reportaron síntomas neurológicos, como cansancio, dolor de cabeza, calambres y vómitos; otros de carácter respiratorio, digestivo, ocular, cardiovascular, reumático y dental, entre otros.
«Si bien no podemos asociar estos síntomas como una consecuencia directa de la exposición (a sustancias tóxicas), sí podemos decir que esta pone en riesgo a las personas de tener una serie de enfermedades que pueden estar relacionadas con estos síntomas que están reportando», apuntó Veramendi, quien insistió en la evidencia científica sobre los daños a la salud derivados de este caso.
ESTADO DE DESPROTECCIÓN
La investigadora subrayó también que los metales pesados en el ambiente tienen mayor impacto en comunidades en «estado de desprotección» como Espinar, donde los indígenas viven en condiciones sociales y económicas «de exclusión y pobreza, con medios de subsistencia limitados o inseguros».
En este sentido, el estudio analizó 292 puntos de agua de la zona y aplicó en 191 muestras un reactivo a coliformes totales, una bacteria que actúa como indicador de que el agua no es segura para el consumo humano.
«De estas 191, salieron 151 positivas, pues evidenciamos que la población no sólo está expuesta a metales y sustancias tóxicas, sino que tiene unas condiciones que la hacen estar en una situación de mayor vulnerabilidad, como lo es no tener acceso a agua limpia y segura para el consumo», dijo la autora.
AVANCES Y RETOS
Aunque la evidencia científica sobre la presencia de metales y sustancias tóxicas en el ambiente y su impacto en la salud en Espinar es todavía «incompleta e insuficiente», Perú registró en los últimos meses importantes avances legislativos en esta materia.
Uno de ellos fue la sentencia que emitió en 2020 la Corte Superior de Justicia de Cusco, que ordenaba al Ministerio de la Salud implementar un plan de emergencia sanitaria para Espinar.
Para Veramendi, esta resolución fue «un primer paso sumamente importante» que respondió «al trabajo de presión y reclamo de las comunidades por sus derechos».
La última «victoria» llegó en mayo con la promulgación de la Ley 31189 para «fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas».
«Es una esperanza más para las comunidades, es una alegría para nosotros. Ojalá que el Estado nos ayude en eso y nos pueda escuchar», comentó Gerson sobre la norma.
Veramendi fue más escéptica y recordó que, a pesar de que el Estado peruano reconoce así estar frente a una problemática nacional, su «abordaje histórico ha demostrado que existen enormes retos en su adecuada implementación y un impacto real en la vida de las comunidades expuestas».
Carla Samon Ros EFE
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