Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, calificó como positiva la reunión sostenida este sábado entre organizaciones de derechos humanos y la comisión parlamentaria encargada del proyecto de Ley de Amnistía.
«Es un paso favorable que se haya convocado a las organizaciones civiles para discutir y realizar planteamientos sobre este proyecto», señaló Romero.
En el encuentro participaron representantes de Provea, CLIPVE, Acceso a la Justicia y el propio Foro Penal, este último representado también por su vicepresidente, Gonzalo Himiob.
A través de un video en la red social X, Romero detalló los puntos centrales que la organización puso sobre la mesa.
Las liberaciones deben continuar y garantizarse la libertad plena de todos los presos políticos, sin que el proceso dependa exclusivamente de la aprobación final de la ley y la ley no debe limitarse a extinguir procesos actuales, sino anular por completo todos los procedimientos penales y administrativos derivados de la persecución política.
Por su parte, solicitaron que la amnistía sea amplia, sin exclusiones, y que cuente con la participación de organismos internacionales como el Alto Comisionado de DDHH de la ONU, trabajando en conjunto con las ONG locales.
La normativa debe incluir la reparación integral de las víctimas y asegurar el derecho a una defensa técnica con abogados de confianza en todas las etapas.
Romero subrayó que el objetivo es que las más de 11,000 personas con medidas restrictivas de libertad por motivos políticos obtengan su libertad total, facilitando además el retorno de quienes se encuentran en el exilio.
Diferencias técnicas
Mientras que Gonzalo Himiob destacó que, aunque persisten diferencias técnicas sobre el contenido del texto presentado por Delcy Rodríguez, el encuentro permitió que las víctimas y defensores fueran escuchados por primera vez en este espacio.
«La aplicación de la Ley de Amnistía no debe quedar supeditada únicamente al Poder Ejecutivo; debe permitirse la participación vinculante de los organismos de defensa de DDHH, las ONG y las víctimas», afirmó Himiob.
Desde el sector oficial, Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, calificó el debate como «fructífero» y reiteró el compromiso institucional con el diálogo, a pesar de las discrepancias políticas.
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