Lisboa.- Después de ser socios del Gobierno socialista de António Costa la pasada legislatura, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués (PCP) le dan la espalda y detonan una crisis que aboca a un adelanto electoral en Portugal.
Los socialistas llevan seis años gobernando en minoría apoyados, en mayor o menor medida, en los partidos más a su izquierda, pero el idilio que empezó en 2015 para tumbar al Ejecutivo conservador de Pedro Passos Coelho se ha ido apagando poco a poco y está a punto de hacer saltar por los aires la legislatura.
La crisis causada por las cuentas de 2022, que se someten a votación en el Parlamento por primera vez este miércoles, llega en plena recuperación poscovid, marcada por los 9.700 millones de euros de fondos europeos que recibirá Portugal hasta el próximo ejercicio.
UNA INÉDITA «GERINGONÇA» EN 2015
Las dotes negociadoras de Costa y su equipo han conseguido mantenerle durante seis años al frente del Ejecutivo en minoría y en 2015 lograron lo que parecía casi una utopía, una alianza con la izquierda que se bautizó como «geringonça».
Entonces, con sólo 86 de los 230 diputados del hemiciclo, firmaron acuerdos con medidas para toda la legislatura con el Bloco y el PCP, así como con Los Verdes, que acude a las elecciones en coalición con los comunistas.
El pacto fue inédito en la democracia portuguesa, donde los socialistas y los comunistas, un ortodoxo partido tradicionalmente poco abierto al cambio, mantenían una histórica rivalidad.
Costa también convenció al Bloco de Esquerda, un partido de corte marxista nacido en 1999 tras la fusión de varias pequeñas formaciones y adscrito en Europa al grupo de la Izquierda Unitaria.
Con ellos logró mantenerse al frente del Gobierno durante cuatro años, pese a algunos sobresaltos, como la tormenta política que se desató en 2019.
A unos meses del fin de la legislatura, el desacuerdo sobre la actualización de los salarios de los profesores hizo incluso que Costa amenazase con dimitir, y la crisis sólo fue superada gracias al cambio del sentido de voto de la derecha, que se posicionó con los socialistas.
SEGUNDA LEGISLATURA, SIN ACUERDOS
Con las relaciones tocadas por esa crisis y una campaña electoral en la que los socialistas salieron al ataque de sus socios de izquierda en busca de una mayoría absoluta, los comicios de 2019 dejaron un escenario diferente al de 2015.
Los de Costa mejoraron su presencia en la Cámara, con 108 escaños, pero se quedaron a ocho de la mayoría absoluta, y decidieron afrontar la nueva legislatura sin acuerdos de legislatura, negociando medida a medida.
La estrategia les ha permitido aprobar hasta ahora dos presupuestos pero su efectividad ha ido languideciendo año a año.
Sacaron adelante las cuentas de 2020 gracias a la abstención del Bloco y los comunistas, pero para las de 2021, en plena pandemia, el apoyo menguó y los marxistas les dieron la espalda, aunque aun así se aprobaron.
Esta vez, los dos partidos han anunciado que votarán en contra, a pesar de que se trata de uno de los presupuestos más sociales de los últimos años, con subidas de 40 euros para el salario mínimo y de 10 euros para las pensiones y guarderías gratuitas, entre otras medidas.
Pero no ha sido suficiente para convencer a marxistas y comunistas, lo que, sumado al rechazo previsto de la derecha, abocaría al país a elecciones anticipadas.
TROPIEZO ELECTORAL
Paradójicamente, la izquierda viene de sufrir un tropiezo en la última cita con las urnas, las municipales de finales de septiembre.
Los socialistas se consolidaron como la fuerza con más apoyos pero perdieron casi 250.000 votos -con más de 9 millones de electores- y su plaza más importante, Lisboa.
Tampoco salieron bien parados los comunistas, que perdieron seis ayuntamientos, ni el Bloco, que pasó de sexta a séptima fuerza a nivel local, superada por el ultraderechista Chega.
Este último podría ser uno de los grandes beneficiados de unas elecciones anticipadas, mientras que el mayor partido de la derecha, el PSD, está inmerso en una guerra interna que enfrentará en primarias a su actual líder, Rui Rio, con el eurodiputado Paulo Rangel.
Paula Fernández EFE
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