El presidente, Nicolás Maduro, ordenó la reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), instancia desde la cual se oferta el petro, moneda digital venezolana sustentada en petróleo y minerales.
El decreto de restructuración, signado con el número 4.788, tiene fecha del 17 de marzo, día en el que se produce la captura de Joselit Ramírez, jefe de la Sunacrip, quien está presuntamente incurso en hechos de corrupción.
En razón de ello, el Jefe de Estado venezolano designó una junta reestructuradora de la Sunacrip presidida por Anabel Pereira Fernández y tres directores principales: Héctor Andrés Obregón Pérez, Luis Alberto Pérez González y Julio César Mora Sánchez.
Como directores suplentes se designan a Pavel Javier García Sandoval, Ramón Daniel Maniglia Darwich, Carlos Eloy Pirela Méndez, Larry Daniel Davoe Márquez y Edgardo Alfonzo Toro Carreño.
El mandatario argumentó que el Estado está obligado a adoptar todas las medidas a su disposición «para proteger al pueblo venezolano de los efectos negativos de la agresión multiforme que se desarrolla contra el país».
Policía venezolana pide procesar por corrupción a varios exfuncionarios
La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela solicitó este viernes al Ministerio Público (MP,Fiscalía) procesar judicialmente a un número indeterminado de ciudadanos que «ejercían funciones» en el poder público y que «podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
En un comunicado difundido por el Gobierno, el cuerpo policial explicó que «ha iniciado -ante la Fiscalía- una solicitud de encauzamiento judicial de una serie de individuos que, violando el sagrado juramento de honestidad, moral y ética que realizaron para asumir las responsabilidades asignadas, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
La solicitud, prosigue el texto, responde al «resultado de una investigación profunda, realizada por meses, que apunta a ciudadanos que ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales del país», si bien el escrito no detalla la cantidad de personas señaladas ni sus identidades.
«Tenemos la instrucción expresa de que esta investigación se lleve hasta las últimas consecuencias, y no nos detendremos en el sagrado deber de enfrentar el flagelo de corrupción y castigar de manera ejemplar a quienes incurran en estos actos criminales, sean quienes sean y caiga quien caiga», finaliza el escrito.
La Policía Nacional Anticorrupción fue creada en 2014 por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de una facultad extraordinaria otorgada por el Parlamento al jefe de Estado.
En esa ocasión, el mandatario aseguró que este cuerpo se encargaría de «operaciones secretas anticorrupción» y participaría en la promoción de valores y principios de transparencia en los ámbitos educativo, cultural e institucional. EFE
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