El presidente polaco, Andrzej Duda, nombró a 76 nuevos jueces, seis de ellos para el Tribunal Supremo, en aplicación de la polémica reforma judicial de 2015 que ha sido condenada por los tribunales europeos.
El nombramiento de los 76 «neojueces», como se conoce a los magistrados nombrados tras la politización del Consejo Nacional del Poder Judicial, será efectivo este jueves y supone la mayor tanda de incorporaciones desde que se implementó la reforma judicial de 2015.
Seis de los nuevos jueces desempeñarán sus funciones en el Tribunal Supremo, un organismo cuya independencia se cuestiona desde instancias nacionales e internacionales al estar formado por magistrados elegidos en el Parlamento o directamente por el presidente, sin que la magistratura pueda oponer veto.
Ley y Justicia
Se da la circunstancia de que uno de los nombrados, Krzysztof Grzesiowski, ha formado parte del Gobierno regional de Lubusz (oeste) bajo las siglas del partido gubernamental, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya ha dictaminado en cinco sentencias que los «neojueces» del Tribunal Supremo polaco no pueden garantizar un juicio justo por sus vínculos y dependencia del Ejecutivo.
El Gobierno polaco fue sancionado con una multa diaria de un millón de euros, más tarde rebajados a la mitad, el 3 de noviembre de 2021, por no haber adoptado medidas suficientes para garantizar la independencia del Poder Judicial y haberse negado durante más de un año a suprimir la Cámara Disciplinaria Judicial, con poder para sancionar, suspender o trasladar a cualquier juez del país.
Fondos de recuperación
Además, Bruselas mantiene bloqueados los fondos de recuperación pospandemia destinados a Varsovia hasta que no se concreten cambios en la organización judicial del país que protejan la independencia de los jueces y se restituya en sus puestos a los magistrados suspendidos.
El propio presidente Duda rubricó una enmienda a la reforma judicial que incluía el desmantelamiento de la Cámara Disciplinaria, pero el texto está pendiente de aprobación por parte del Tribunal Constitucional, órgano que a su vez está paralizado, pues un número importante de sus miembros se niega a trabajar con los jueces nombrados después de 2015, lo que hasta ahora ha impedido alcanzar quórum en las reuniones del Tribunal.
Está previsto que la semana que viene fracase la investidura del Gobierno encabezado por el primer ministro provisional del PiS Mateusz Morawiecki, después de que este partido perdiera la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 15 de octubre.
Ello forzará al presidente a encomentar la formación de Gobierno al líder de la liberal Plataforma Ciudadana (PO), Donald Tusk, que ha forjado una alianza con otras fuerzas de la oposición que le otorgará la mayoría necesaria para formar un Ejecutivo de coalición centrista tras dos legislaturas del PiS.
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