El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, presentó este jueves ante el pleno del Congreso una cuestión de confianza para que se apruebe un proyecto del Ejecutivo que pide derogar una norma que limita los derechos de participación y control de la ciudadanía, mediante referéndum, en las reformas constitucionales.
Torres dijo que el proyecto del Gobierno «restablece la participación política del pueblo» mediante la eliminación de los límites al referéndum que establece la Ley 31399 y, por ese motivo, plantea una «cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros».
«Hacemos, por lo tanto, cuestión de confianza sobre la participación del proyecto de ley que establece la participación política del pueblo», remarcó ante el pleno, al que informó que el proyecto del Ejecutivo fue presentado «hace pocos minutos».
El primer ministro precisó que la intención del Ejecutivo es que su iniciativa «pueda ser debatida entre esta y la próxima sesión del pleno y luego ser votada».
La Constitución peruana establece que, si el Congreso rechaza una cuestión de confianza, el presidente debe recomponer su gabinete de ministros y, si esto se repite en una segunda ocasión, queda habilitado para disolver el Parlamento y convocar de inmediato a nuevas elecciones legislativas.
Torres aseguró que la Constitución señala que la respuesta negativa a un pedido de confianza se establece cuando el pedido es «rehusado» y no expresamente «rechazado», por lo que cualquier mecanismo que use el Congreso, como declarar inadmisible la sola posibilidad de recibir el proyecto, será tomado como una negación de la confianza.
«Eso lo entenderá el Ejecutivo como un rehusamiento de la cuestión de confianza que estamos planteando, subrayo, no hay ninguna intención de propiciar el cierre del Congreso», anotó.
Fundamentos del proyecto
Torres expuso los fundamentos del proyecto y su «necesidad para la viabilidad política del gobierno», ya que consideró que la ley existente «desnaturalizó uno de los derechos más relevantes» de la Constitución, que es la posibilidad de convocar a un referéndum como «una de las bases del estado democrático de derecho».
Aseguró que la Ley 31399, aprobada a inicios de este año por el Congreso, «estableció una valla arbitraria que no se encuentra en la Constitución y le otorga al Congreso la facultad» de limitar las convocatorias a un referéndum.
«Nadie puede limitar el poder soberano (…) los representantes no pueden ir por encima del poder del representado, que es el pueblo peruano», enfatizó antes de agregar que, por ese motivo, «regresar al estado anterior es un imperativo».
Torres también se dirigió a los legisladores para decir que «el pueblo eligió al presidente de la República y a los legisladores por cinco años» y el Ejecutivo quiere que eso se cumpla, por lo que pidió «terminar» con el enfrentamiento que protagonizan ambos poderes del Estado desde el inicio de la gestión, en julio pasado.
«Es imperativo que restablezcan el equilibro de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo», sostuvo antes de pedirle a los parlamentarios «trabajar conjuntamente» para resolver las principales necesidades de la ciudadanía.
Al término de la exposición, el presidente del Congreso, el opositor José Williams, invitó a los ministros a abandonar el hemiciclo y, tras coordinar con las diferentes bancadas, suspendió la sesión.
La crisis en el Congreso
La presentación del gabinete de ministros ante el pleno se produjo después de que el Congreso archivara la semana pasada un proyecto de ley del Ejecutivo para que se deroguen las restricciones para plantear una cuestión de confianza.
Tras quejarse porque el Congreso no debatía este proyecto, Torres solicitó en dos ocasiones a Williams que lo cite a la siguiente sesión plenaria para presentar una cuestión de confianza sobre el tema, pero la mesa directiva le respondió que no correspondía esa solicitud sobre temas vinculados con reformas constitucionales.
Después de tomar esa decisión, la Comisión de Constitución debatió y archivó el primer proyecto de ley planteado por el Ejecutivo.
Williams señaló, sin embargo, que Torres podía acudir en el momento que considere pertinente ante el pleno para asistir a los debates o presentar una cuestión de confianza por cualquier tema que se prerrogativa del Ejecutivo.
Este miércoles, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo admitió a trámite una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra el presidente Pedro Castillo por supuestamente liderar una presunta organización criminal dedicada a entregar licitaciones fraudulentas de obras a cambio de dinero.
Castillo ha señalado que esta denuncia, así como otra que lo acusa de «traición a la patria», es parte de una «nueva modalidad de golpe de Estado» en su país y, en ese contexto, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegará este domingo a Lima para analizar la crisis política en Perú.
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