El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) rechazó este martes la propuesta del Parlamento de realizar una reforma parcial de ley destinada a aumentar el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 20 a 32 integrantes. La organización aseguró, a través de sus canales oficiales, que este incremento tiene como objetivo permitir que el Gobierno mantenga el apoyo político dentro de la alta corte.
Para la agrupación política, la iniciativa legislativa representa una «nueva maniobra» para asegurar el dominio sobre el sistema de justicia, poniendo especial énfasis en el control de la Sala Constitucional y la Sala Electoral. PJ instó a la ciudadanía a denunciar lo que calificaron como «señuelos de falsa institucionalidad» y a insistir en una revisión profunda de la transparencia del proceso.
Detalles de la reforma propuesta
Previamente, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, presentó formalmente el proyecto durante una sesión ordinaria. La propuesta busca modificar el artículo 8 para que las salas Político Administrativa, Casación Civil, Casación Penal, Casación Social y Electoral pasen de tres a cinco magistrados cada una. Asimismo, se plantea que la Sala Constitucional se integre con siete magistrados en lugar de los cinco actuales.
Proceso legislativo y quejas parlamentarias
La reforma debe superar una segunda discusión para su aprobación definitiva, en un contexto donde el Legislativo también adelanta la selección de nuevos magistrados para cubrir vacantes por jubilaciones y renuncias. Durante el debate, el diputado opositor Tomás Guanipa, del bloque Libertad, protestó formalmente al denunciar que el proyecto les fue entregado apenas una hora antes del inicio de la sesión, limitando la capacidad de análisis.
Antecedentes de la reforma judicial
Este movimiento parlamentario ocurre semanas después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instalara una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal. Dicha instancia tiene como meta declarada combatir problemas persistentes en el sistema, tales como la corrupción y el retardo procesal que afectan la administración de justicia en el país.
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