La producción petrolera de Venezuela registró una desaceleración en su ritmo de crecimiento al situarse en 1.201.000 barriles por día (bpd) durante el mes de agosto, según el informe oficial publicado este jueves por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El incremento representó apenas un 0,08 % respecto a la extracción reportada en julio, lo que equivale a una variación de apenas 1.000 bpd.
Pese al estancamiento puntual del último mes, la producción nacional de hidrocarburos acumula un alza del 29,9 % en lo que va de 2026, en comparación con los 924.000 bpd reportados en el mes de enero.
El flujo productivo del país —poseedor de las mayores reservas probadas del planeta— se mantiene distante de los niveles registrados en 1998, cuando alcanzaba los 3,1 millones de bpd. La reactivación progresiva ocurrida durante el año responde a la apertura económica y la flexibilización en la venta de crudo tras la reconfiguración política impulsada tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
Apertura legislativa y alianzas internacionales
El entorno regulatorio del sector energético atravesó reformas profundas luego de que el Parlamento aprobara la modificación a la Ley Orgánica de Hidrocarburos promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Esta medida flexibilizó la participación de capitales privados extranjeros y derivó en la suscripción de medio centenar de contratos para la explotación de más de 70 áreas clave.
En este marco de negociaciones, las autoridades acordaron la adjudicación de 17 campos petroleros a la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), encabezada por el empresario Alejandro Betancourt, en un esquema donde el Departamento de Defensa de Estados Unidos mantiene una participación accionaria del 35 %. El objetivo oficial de este consorcio es alcanzar un nivel de bombeo superior a 1,5 millones de bpd en dichos bloques.
Persistencia de la precariedad salarial
A pesar del ingreso de inversiones internacionales y la recuperación proyectada en los ingresos energéticos, voceros sindicales y gremios laborales advierten que la dinámica petrolera no se ha traducido en mejoras para los trabajadores del país. El salario mínimo legal y las pensiones continúan fijados en valores equivalente a 15 centavos de dólar mensuales a la tasa oficial, manteniendo la brecha de poder adquisitivo para la fuerza laboral venezolana.
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