La comisión opositora participante en el diálogo político impulsado por Estados Unidos en Venezuela anunció que durante la próxima semana se instalará la mesa de garantías políticas y civiles, dando inicio formal al segundo ciclo de conversaciones con los representantes del Gobierno nacional.
En la hoja de ruta se contempla la apertura formal de la mesa enfocada en libertades civiles y libertad de expresión. La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, precisó durante un encuentro virtual con abogados del estado Mérida que este ciclo buscará abordar reformas institucionales clave de forma directa.
Revisión del marco normativo y leyes de control
El representante opositor Sergio Vergara detalló que el trabajo de la mesa se centrará en los aspectos normativos que inciden en el ejercicio de los derechos fundamentales. La delegación busca adaptar dicho esquema a los estándares de derechos humanos mediante la revisión de varias leyes:
Ley contra el Odio: Cuestionada por fundamentar detenciones vinculadas a publicaciones en redes sociales.
Ley de Fiscalización y Control de las ONG: Señalada por establecer restricciones operativas a organizaciones no gubernamentales.
Ley Simón Bolívar: Promulgada en 2024, la cual fija penas de hasta 30 años de prisión, multas elevadas e inhabilitaciones de hasta 60 años para quienes promuevan sanciones internacionales.
Al respecto, el dirigente Jorge Millán manifestó su expectativa de que este nuevo ciclo de conversaciones genere resultados favorables para la ciudadanía.
Acuerdos del primer ciclo y proceso en el Tribunal Supremo
El proceso de negociación —en el que no participan directamente los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia— cerró su primera fase el pasado 12 de agosto. En esa etapa, las partes acordaron la renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la gestión para recuperar activos depositados en el Banco de Inglaterra destinados a atender a las víctimas del doble terremoto del mes de junio.
Para dar cumplimiento a lo pactado, la Asamblea Nacional modificó la ley del TSJ con el objetivo de ampliar la presencia de la sociedad civil en el comité de postulaciones. Sobre este punto, el opositor Juan Miguel Matheus aclaró que la evaluación y designación de los nuevos magistrados se completará en un lapso estimado de hasta 90 días, luego de que el procedimiento parlamentario iniciado en abril quedara interrumpido por los eventos sísmicos.
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