Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaron este miércoles al Gobierno de Venezuela a levantar todos los bloqueos arbitrarios aplicados a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y servicios digitales.
Si bien reconocieron que varios portales los desbloquearon en septiembre, advirtieron que muchas otras plataformas continúan estando total o parcialmente inaccesibles.
«El reciente desbloqueo de sitios web es un paso en la dirección correcta, pero debe extenderse a la totalidad de las páginas bloqueadas indebidamente y ser acatado por todos los proveedores de servicios de internet», señalaron los especialistas, tras recalcar que estas restricciones vulneran la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a la privacidad.
Alcance del bloqueo y proveedores involucrados
De acuerdo con la información recibida por los relatores, proveedores de telecomunicaciones como CANTV, Digitel, Movistar Venezuela, Inter, Net Uno, Airtek y G-Network han bloqueado durante años el acceso a portales informativos nacionales e internacionales, ONG de derechos humanos, redes sociales, aplicaciones de mensajería y redes privadas virtuales (VPN), presuntamente por instrucciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
Aunque el acceso a la red social X se restableció tras los sismos del pasado junio y en septiembre se rehabilitaron diversos sitios, los expertos denunciaron que persisten las restricciones sobre portales de noticias, herramientas de privacidad y organizaciones de la sociedad civil.
En ese sentido, recordaron que las empresas de telecomunicaciones tienen la responsabilidad ética y legal de respetar los derechos humanos, mientras que el Estado debe velar por que las directivas oficiales no promuevan su violación, especialmente a través de la empresa estatal CANTV.
Avances legales y procesos contra periodistas
Por otra parte, los especialistas valoraron de forma positiva el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la solicitud para reformar los artículos penales de la Ley contra el Odio —vigente desde 2017—, al tiempo que destacaron avances en los procesos judiciales contra periodistas, entre ellos tres casos recientes que culminaron en sentencias absolutorias.
El pronunciamiento lleva la firma de los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, el relator especial sobre la libertad de opinión y de expresión, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, y la relatora especial sobre los defensores de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, quienes confirmaron haber remitido formalmente estas inquietudes al Gobierno venezolano.
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