Intermediarios de seguros de todo el país, se unen en protesta para rechazar la reforma de ley de la Actividad Aseguradora que se debate en la Asamblea Nacional. Aseguran que los cambios son «desfavorables» para el usuario consumidor de seguros, asegurados, beneficiarios y productores.
Luis Ramón Reyes, presidente del Colegio de Productores de Seguros del estado Bolívar, recalcó en rueda de prensa, que la «distorsión» afecta, sobre todo, en la contratación de pólizas de seguros.
En ese sentido, Reyes hace un llamado al Ejecutivo Nacional a que considere los actos de protestas y actividades de rechazo por parte de los afectados en todo el país, para suspender la mencionada reforma y atienda la demanda de los intermediarios.
«Los intermediarios de seguros jugamos un papel importante en la asesoría y atención a los asegurados y beneficiarios en la pandemia de Covid-19», explicó Reyes.
Ley aprobada
La Asamblea Nacional aprobó este martes, en segunda discusión, el Proyecto de Ley de Reforma de la Actividad Aseguradora. Ahora se remitirá al Ejecutivo Nacional para su difusión en la Gaceta Oficial.
El texto contempla que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) mantendrá un registro de las empresas de reaseguros constituidas en el exterior y deben cumplir con los requisitos y trámites que establecerá el reglamento.
La Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional justifica la reforma en que se incrementará la facultad de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) y reforzará las competencias de las figuras involucradas en el proceso para que los usuarios reciban respuestas oportunas.
Así lo presentó el diputado Ramón Lobo, presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
La Ley de la Actividad Aseguradora tiene por objeto establecer el marco normativo para la autorización, regulación, funcionamiento, control, supervisión y vigilancia de la actividad aseguradora.
¿Qué hace un productor de seguros?
El líder gremial define la función de productores de seguros, como la ejecución de la solicitud de un cliente en materia de seguros. Adquirir y conservar en beneficio del asegurado y del asegurador los contratos. Reyes indicó que esta actividad se prolonga en el tiempo, pues inicia antes de la contratación y sigue después del trámite.
«El intermediario de seguros no es, por tanto, un simple intermediario entre el solicitante y el asegurador. Debe estar en antes, durante y después del contrato, asesorando y atendiendo debidamente», destacó.
Reyes indicó que la reforma a la ley de la Actividad Aseguradora fue expuesta al gremio, pero no se realizó una consulta, violando así el artículo 187 de la Constitución, que expresa la participación ciudadana en los asuntos de su competencia.
«Nunca fuimos llamados a la participación», afirmó Reyes.
Invaden «canales alternativos»
Para Reyes, la modificación en este articulado es una «invasión» al mercado asegurador, ahora con la inclusión de los «canales alternativos» , definido en el artículo 4 como «la persona jurídica con la que la aseguradora celebra un convenio con el objeto de utilizar su infraestructura, sus activos tecnológicos y sus relaciones, con un gran número de afiliados o potenciales asegurados, con las que tiene nexos comerciales o de otros tipos, a los fines de servir como mecanismo para facilitar la adquisición de un producto seguro».
El gremio de seguros cuestiona que en los llamados «canales alternativos» se incluya al sector bancario, considerando que la responsabilidad de dichas entidades es canalizar el ahorro y la inversión entre los oferentes y demandantes de capital, «no la intermediación de seguros», subrayó.
«La infraestructura que ellos tienen, así como los grandes negocios, cercenan el derecho al trabajo de más de 16 mil intermediarios de seguros», mencionó.
«Tasas impagables»
Luis Ramón Reyes también hizo mención a la inscripción y reinscripción para actuar como intermediarios de seguros, estipulado en la reforma del artículo 12; montos que están sobre los 150 y 300 dólares por operación. «tasas impagables», dijo. «No hay ningún estudio técnico, socio-económico que indique por qué estas tasas tan altas», agregó.
Otro de los reclamos planteados en la rueda de prensa, fue la desigualdad de condiciones en cuanto al proceso al que debe someterse un intermediario de seguros para ejercer, con relación a la ventaja de los canales alternativos.
«Ya tienen preparados, listos para salir con plataformas tecnológicas dispuesto a la capacitación de clientes de manera directa, a través de los canales alternativos”. Explicó Reyes que ellos deben someterse a un examen de competencia profesional y aprobarlo con 14 puntos mínimo. También hacer cursos anuales de actualización profesional en legitimación de capitales.
Mencionó la obligación que tienen con las leyes nacionales, en contraposición al «favoritismo» que presentan los canales alternativos. «No están regulados y violan ellos mismos el artículo 1 del objeto y ámbito de aplicación», insistió.
El gremio de seguros reiteró que se trata de una reforma «neoliberalista, excluyente y arbitaria», aunado a sanciones desproporcionadas que oscilan entre 5 mil a 15 mil dólares; además el rotundo rechazo a los llamados canales alternativos que, a su juicio, violan la vulnerabilidad de los asegurados, beneficiarios y tomadores de pólizas.
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