Caracas.-La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) declaró a las universidades en emergencia, aseverando que «no hay garantía de regreso a clases bajo ninguna modalidad».
Además, rechazan la agenda del Ministerio de Educación Universitaria para el año 2021, «aprobada de manera inconsulta», según denuncian.
Los académicos exigen un salario digno, presupuesto justo y vacunación masiva contra la Covid-19 para regresar a clases.
«En Venezuela no hay garantía de regreso a clases bajo ninguna modalidad. Al no remunerar el trabajo, el Estado ha roto unilateralmente la relación de trabajo razón por la cual declaramos la emergencia laboral en las universidades venezolanas y llamamos a nuestros agremiados a no aceptar trabajar en condiciones de oprobio, ni bajo amenaza», expuso la Fapuv.
Aseveran que defenderán a cada profesor que manifieste su imposibilidad de cumplir con su labor académica en las actuales condiciones, recalcando que el cumplimiento de los derechos deben ser vigilados por las instancias de gobierno y cogobierno universitario.
Repudiaron cualquier medida coercitiva para volver a las actividades académicas bajo cualquier modalidad, «mientras no se creen las condiciones materiales indispensables que la hagan posible, a saber: salario digno, ambiente sano (bioseguridad), servicios (incluido acceso a internet) e insumos (equipos y material didáctico)».
«Rechazamos la agenda del Ministerio de Educación Universitaria para el año 2021, aprobada de manera inconsulta, así como las pretensiones de imponer líneas de acción académicas y políticas en las universidades, lo cual violenta la autonomía universitaria con rango constitucional», enfatizaron.
Destacaron que el Estado venezolano debe garantizar las condiciones indispensables para una educación de calidad.
Plan conjunto
La Fapuv se compromete a reunirse con las federaciones de centros y diferentes sectores de estudiantes para elaborar un plan de acción conjunto en defensa de las universidades, su autonomía y la calidad de la educación.
Afirmaron que cada universidad debe activar los comandos intergremiales y acordar un plan de acción que incluya a todos los sectores universitarios (estudiantes, profesionales, empleados y obreros), colegios profesionales, sindicatos y gremios de todos los sectores de trabajadores y las ONG, esto «para exigir nuestro derecho a un trabajo decente, la defensa de los derechos laborales y del salario, el derecho a la educación y a la salud».
Calificaron como «indispensable» un plan conjunto con el Magisterio para defender los derechos de los universitarios, ya que «el Estado se ha retirado completamente de esta obligación, y ha liquidado la accesibilidad de la mayoría de la juventud venezolana a la educación».
Además, rechazaron la pretensión de una nueva Ley de Universidades desde la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre y presidida por Jorge Rodríguez, así como «el nombramiento de autoridades por parte del CNU, organismo que no tiene ninguna competencia para ello, dado el carácter originario de la autonomía universitaria».
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