El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este viernes una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que faculta la suspensión definitiva del fiscal general de la nación cuando enfrente imputaciones penales o medidas cautelares, en respuesta directa a la detención del actual titular del organismo, Roger Mariaca, investigado por presuntos nexos con el narcotráfico.
La modificación, aprobada previamente por ambas cámaras del Congreso, altera el artículo 25 de la norma rectora del Ministerio Público. El nuevo texto establece que, tras la imputación formal de la autoridad por delitos sancionables con pena privativa de libertad, la Asamblea Legislativa podrá decretar su destitución mediante el voto de dos tercios de los parlamentarios presentes.
Asimismo, la legislación faculta al Pleno para designar de inmediato a un fiscal general interino, quien asumirá las funciones directivas hasta tanto el Parlamento elija a un nuevo titular mediante el procedimiento ordinario.
Detención de Roger Mariaca y desmantelamiento de red institucional
La medida legislativa se produce tras la aprehensión de Mariaca, ocurrida el pasado miércoles, bajo acusaciones formuladas por el Ejecutivo nacional relativas a la presunta articulación de una estructura de protección a grupos dedicados al tráfico ilícito de drogas. Junto al fiscal general, al menos otras 13 personas han sido arrestadas, incluidos tres fiscales de materia.
El procedimiento policial tuvo lugar dos días después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyera a Mariaca en un listado de sancionados con la revocación de visado por presuntos actos de corrupción. Posterior a la captura, voceros de la coalición regional Escudo de las Américas respaldaron las actuaciones de los organismos bolivianos.
Declaraciones del Ejecutivo y comparecencia judicial
Durante el acto de firma en el Palacio de Gobierno, el presidente Paz sostuvo que las acciones emprendidas obedecen a un trabajo de inteligencia previo y justificó la incorporación del país a las alianzas de seguridad hemisférica.
«Ahora se puede entender por qué este Gobierno tomó la decisión de ser parte del acuerdo del Escudo de las Américas, porque el crimen organizado no responde a leyes. Es necesario reconstruir la justicia porque existieron operadores que pretendieron controlar instituciones del Estado», aseveró el mandatario.
Se tiene previsto que Roger Mariaca y otros tres imputados comparezcan ante un juez de garantías cautelares para la formulación formal de cargos por tráfico de sustancias controladas y delincuencia organizada.
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