La ONG Provea consideró que en Venezuela hay un «estancamiento» del salario mínimo y pensiones, actualmente de 130 bolívares, un monto que para el caso de los empleados públicos activos se complementa con bonos gubernamentales de hasta 160 dólares, sin incidencia en beneficios laborales.
«El deliberado estancamiento de los salarios y pensiones -desde hace más de tres años- ha menguado dramáticamente el poder de consumo de las familias y desvalorizado el trabajo como fuente de desarrollo individual y colectivo», subrayó la ONG en su cuenta de X.
A su juicio, el Gobierno de Nicolás Maduro «ha propiciado un histórico retroceso de la economía venezolana, el empobrecimiento generalizado de la población, la desigualdad y la exclusión social».
El salario mínimo, que sí incide en beneficios laborales como vacaciones, liquidación y utilidades, se mantiene en 130 bolívares, desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares al mes.
Por su parte, el Ejecutivo de Maduro otorga bonos gubernamentales -compuestos por uno de alimentación, de 40 dólares, y otro llamado «ingreso de guerra económica», de 120 dólares- a empleados públicos como parte de la que defiende como «una estrategia novedosa para combatir la guerra económica, el bloqueo y las sanciones», así como para «evitar la inflación».
Sin embargo, ese argumento lo han rechazado varias ONG y gremios de educación, que exigen un «salario digno».
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