La ONG Provea pidió a la Administración de Nicolás Maduro que permita a la activista Rocío San Miguel, detenida hace casi un año, acceder a médicos de confianza para ser operada en libertad de una fractura que -según la organización- sufrió en el hombro derecho.
A través de X, la organización no gubernamental indicó que San Miguel «no pueden someterla a una intervención por quienes demoraron meses en diagnosticarla», luego de que el abogado de la activista, Juan González Taguaruco, asegurara en diciembre pasado que «después de cuatro meses la diagnosticaron» de la fractura que sufría.
«En reclusión no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna. Ella tiene derecho a médicos de su confianza, no a un sistema que le niega una atención efectiva y oportuna», agregó Provea.
A su juicio, la activista -recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, conocida como Helicoide- «no pueden someterla a una cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física».
Provea: San Miguel es inocente
Provea afirmó que San Miguel es «inocente» y pidió respeto al debido proceso.
«Hoy el Gobierno de Maduro la acusa de ‘terrorismo’ y ‘traición a la patria’ por su trabajo como defensora frente a su organización Control Ciudadano, donde Rocío documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares», señaló la ONG.
En diciembre pasado, el abogado de San Miguel dijo que la activista sufrió la fractura al caerse como consecuencia de un mareo producido por una laberintitis, que «no atendieron debidamente» y, desde entonces -aseguró-, «se quejaba del dolor y la trataron con analgésicos».
«Si la fractura se la diagnosticaron cuatro meses después, ¿qué garantías tenemos de una atención médica de calidad y que recibirá los tratamientos posoperatorios y la rehabilitación?», expresó González Taguaruco entonces.
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