La producción de oro en el Arco Minero del Orinoco podría registrar un incremento del 30% al cierre de 2026, lo que elevaría la extracción anual a aproximadamente 12 toneladas del metal precioso, dijo Héctor Silva, ministro de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas y presidente de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), tras evaluar el desempeño de un sector que busca consolidarse como la principal alternativa económica no petrolera de Venezuela.
Este impulso responde al comportamiento del último período fiscal, donde la producción aurífera oficial alcanzó las 9,5 toneladas, el registro más alto reportado desde 2008. De acuerdo con el balance institucional, este repunte se sustentó principalmente en el rendimiento del sector público, cuya actividad extractiva experimentó un crecimiento interanual del 81%.
Nuevo marco legal y formalización minera
Para sostener este crecimiento bajo criterios de eficiencia operativa y sostenibilidad ambiental, el Ministerio de Minería implementará un nuevo instrumento jurídico derivado de la reforma de la Ley Orgánica de Minas.
El reglamento modificará la relación con las organizaciones mineras locales al otorgarles el estatus legal de «socios», una condición diseñada para facilitar la inversión directa, agilizar la comercialización oportuna y regular de forma estricta las actividades de explotación y procesamiento.
Asimismo, las autoridades sectoriales iniciaron una revisión de los indicadores de gestión que incluye el control del consumo de combustible, la optimización de los arrimes del mineral y la aplicación de protocolos rigurosos contra la legitimación de capitales.
Las mencionadas medidas forman parte de una estrategia estatal para intentar ordenar un sector donde históricamente han dominado la informalidad y la ilegalidad, especialmente en los yacimientos de oro, diamantes y coltán del sur del país, zonas afectadas por la presencia de grupos armados y organizaciones criminales.
Seguridad y compromisos ambientales
El nuevo esquema legal también promueve una articulación cívico-militar-policial en las áreas de explotación. Según los representantes gubernamentales, este despliegue de seguridad tiene como objetivo neutralizar las dinámicas de extorsión y garantizar un entorno seguro y soberano para los trabajadores y las operaciones del Estado.
Finalmente, el despacho minero ratificó la continuidad de los planes de reforestación en las zonas intervenidas. Mediante estos programas ambientales, el Ejecutivo asegura que busca mitigar el impacto ecológico de la actividad extractiva y resguardar la biodiversidad local en las áreas de influencia del Arco Minero.
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