registro notaría
Registro Mercantil del estado Bolívar. Foto: cortesía

Ciudad Guayana.- El Petro será la nueva unidad de cuenta para el pago de aranceles en registros y notarías, según la reciente Reforma Parcial de la Ley de Registro Público y del Notariado de 2014, aprobada por la cuestionada Asamblea Nacional electa en 2020 y publicada en la Gaceta Oficial N° 6.668.

Una medida que impacta en todos los trámites que se hagan, tanto en un registro como en una notaría, desde sacar una copia simple hasta registrar una empresa.

Esta reforma supondrá un desembolso para las personas naturales y jurídicas, que afecta aún más el costo de la vida, sobre todo, en un país con hiperfinlación desde hace cuatro años y con un salario mínimo que no supera los tres dólares.

Una copia simple, por ejemplo, tendrá un valor de 0,10 PTR; unos 27,54 bolívares o 6 dólares, considerando el valor nominal de la criptomoneda, según el Banco Central de Venezuela, que ronda los 54,46 dólares.

En el caso de un registro de empresa nueva, sumando el valor de todos los pasos correspondientes, tendrá un costo estimado de 31,00 PTR o 1.860,81 dólares.

Poderes Especiales y Poderes Generales tendrán un valor hasta 2 PTR, unos 120 dólares.

El costo del trámite, aun cuando está anclado al Petro, se pagará en bolívares equivalentes al valor de la criptomoneda chavista a la fecha de la solicitud.

«Duro golpe al bolsillo»

Para la asociación civil Acceso a la Justicia, el uso del Petro significa un «golpe al bolsillo de los venezolanos», debido al aumento significativo del pago de las tasas para procesar los distintos trámites que se efectúen en registros y notarías.

Además, han manifestado que el Petro no es descentralizado y carece tanto de respaldo financiero como de basamento jurídico.

La Asociación Civil también criticó la forma en cómo se modificó la ley sin la respectiva consulta popular en los lapsos correspondientes.

«Es preocupante cómo la AN modifica o aprueba textos legales sin garantizar la participación ciudadana, como lo impone la CRBV, pero lo más grave es la falta de información sobre el contenido de cada uno de los proyectos que luego sanciona como leyes», sentencia la Asociación Civil.

El texto constitucional establece en su artículo 211 que el acto de sancionar leyes debe consultarse con la ciudadanía y contar con su participación.

No obstante, entre la primera y la segunda discusión del proyecto de ley de reforma transcurrieron únicamente 15 días; por lo que la Asamblea Nacional (AN), afín al chavismo, omitió la opinión pública y ejecutó la decisión sin su consentimiento.

Afecta a todos

La presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní (Camcaroní), Catherine Wilson, en entrevista con Soy Nueva Prensa Digital, sostiene que la reforma traerá un incremento de la economía informal.

A su juicio, emprendedores del país no podrán pasar a la formalidad si el pago para registrar una empresa ahora está anclado al petro. 

«Es algo en lo que siempre hemos tratado de insistir, que cese la informalidad, que los emprendedores pasen a ser parte del comercio formal, pero ahora, eso no ocurrirá. Un emprendedor si antes no podía pagar un registro de empresa, ahora mucho menos», comentó. 

Wilson prevé que esto conllevará  a que vuelvan los documentos privados, tanto para la compra-venta de un bien mueble y todo quede «a la buena de Dios». 

Apreciación similar mantiene el abogado especialista en Derecho Penal y Corporativo, además licenciado en Administración y Contaduría, Yolvis Moreno. Afirma que la reforma afecta a todos los niveles: mercantil, inmobiliario, notarías.

«Además, afecta también el derecho de accesibilidad a servicios públicos y el derecho de las personas a realizar trámites por esa vía», comentó.

«¿Cuánto tendrá que pagar ahora una persona por una venta de un bien mueble, un permiso de viaje, la compra-venta de un vehículo o la tramitación de un título de propiedad?», se pregunta el abogado.

A juicio de Moreno, el Gobierno Nacional se contradice al intentar, por un lado, decretar leyes que beneficien y respalden a los emprededores, y por otro lado los limita a la formalización de sus empresas con reformas como estas.

En ese sentido, el abogado calificó de «absurda» la decisión tomada por la Asamblea Nacional  sin antes mejorar el salario de funcionarios y de las personas en general, «si deseaban experimentar con el petro debieron anclar también el salario de los trabajadores a la criptomoneda», precisó.

Colegio de Abogados en tres y dos

Para el secretario del Colegio de Abogados en Ciudad Guayana, Douglas Rodríguez, el impacto en los costos de las operaciones en dichas instituciones, inciden directamente en los honorarios profesionales de los abogados.

“Si antes un abogado cobraba por un poder 50 dólares, ahora para autenticarlo su valor se incrementa a 120 y hasta 200 dólares, ¿Cuánto puede cobrar un abogado entonces? O se cobra lo mismo o un poco más”, sostiene Rodríguez en entrevista para Soy Nueva Prensa Digital.

Rodríguez comenta que desde el Colegio de Abogados se fijará posición con respecto a si afecta o interfiere en las acciones gremiales, pero aclara que la reforma como tal es un asunto que le compete al Gobierno Nacional.

En una perspectiva más amplia sobre el tema, Rodríguez pone en balanza puntos positivos y negativos.

A su juicio, un punto positivo de la reforma es que podría «acabar» con la figura de gestores y la comercialización ilegal de estos trámites, permitiendo al abogado cumplir con sus obligaciones, mientras que, un punto negativo sería los costos altísimos que tendrán que pagar las personas que acudan a realizar un trámite legal en registros y notarías.

Entre tanto, el Colegio de Abogados del estado Carabobo rechazó de manera expresa la reforma a la ahora Ley de Registros y Notarías, «sin dejar pasar por alto los vicios de constitucionalidad que encierra la implementación del PTR como unidad de valor (…) menoscabando el poder adquisitivo del ciudadano y el empobrecimiento del libre ejercicio de profesiones como las de los abogados y contadores», expresa el comunicado.

Se intentó consultar al presidente del Colegio de Abogados en Caroní, Dr. Raffo Malavé, pero prefirió no emitir opinión al respecto, esperando poder fijar posición sobre el tema, en nombre del Colegio, el próximo viernes 14 de enero, ya que en el gremio hay diferencias sobre el tema.

Elías Rivas