Un tribunal federal de Washington suspendió este miércoles, de manera cautelar, las sanciones impuestas en 2025 por la Administración de Donald Trump contra Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. El fallo considera que las medidas podrían constituir una restricción inconstitucional a la libertad de expresión.
La resolución del juez federal Richard León establece que la suspensión tiene carácter temporal. El magistrado argumentó que las sanciones dirigidas contra el contenido del discurso de Albanese exigen el más alto nivel de escrutinio judicial, ya que «la libertad de expresión siempre es del interés público».
Mientras el tribunal resuelve el fondo del caso, quedan paralizados los efectos principales de las sanciones, permitiendo a la funcionaria entrar nuevamente a Estados Unidos y recuperar el acceso a sus activos en el sistema financiero estadounidense.
El impacto personal y el recurso judicial
La demanda fue interpuesta el pasado 27 de febrero por el esposo de la abogada italiana, Massimiliano Cali, y su hija, quien posee la ciudadanía estadounidense. Alegaron que las medidas del Gobierno de Trump no solo afectaron económicamente a la experta, sino que la privaron del acceso a su propio hogar en la capital de EE. UU.
El recurso sostiene que el Ejecutivo abusó de las sanciones —herramientas diseñadas para combatir terroristas y criminales— con el fin de silenciar puntos de vista desfavorecidos por el Gobierno, violando así el debido proceso consagrado en las enmiendas Primera, Cuarta y Quinta de la Constitución.
Antecedentes y acusaciones de Washington
Las sanciones fueron anunciadas originalmente en julio de 2025 por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acusó a Albanese de llevar a cabo una campaña política y económica contra los intereses de Estados Unidos e Israel. Según Rubio, la relatora ha utilizado el «lawfare» (guerra jurídica) para atacar el derecho a la legítima defensa de los socios estadounidenses.
A principios de 2026, el Departamento de Estado reiteró que estas medidas eran «legales y apropiadas», sosteniendo denuncias de que la funcionaria ha mostrado apoyo al antisemitismo y al terrorismo en sus informes sobre los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
Reacción internacional y respuesta de la relatora
Las sanciones contra la relatora provocaron un fuerte rechazo en la comunidad internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó las acciones de «inaceptables» y advirtió sobre la creación de un «peligroso precedente». Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también condenaron el uso de sanciones financieras contra expertos de derechos humanos.
Francesca Albanese, por su parte, celebró la decisión judicial en su cuenta de X, describiendo la presión ejercida por Washington como «la culminación de un acoso innecesario» contra su labor de documentación en los territorios ocupados.
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