A falta de menos del 1 % para culminar el cómputo oficial de votos, la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene el 50.107 % de los sufragios frente al 49.893 % obtenido por Roberto Sánchez. Esta estrecha diferencia de apenas 39,115 votos a favor de la heredera política de Alberto Fujimori motivó el pronunciamiento del aspirante izquierdista, quien afirmó este jueves que el proceso de segunda vuelta aún no ha concluido.
Sánchez anticipó que se unirá a la movilización pacífica convocada para este viernes en Lima en defensa del voto popular. El candidato de Juntos por el Perú, quien postula en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo, aseguró que la jornada de protesta busca asegurar unos resultados con «cero controversias» y exigir el reconocimiento de lo que considera una victoria del pueblo. Para evitar contratiempos, enfatizó que la marcha estará organizada para blindarse de infiltrados y evitar cualquier acción de violencia.
Cuestionamiento al voto en el exterior
En rueda de prensa, el líder izquierdista expresó su profunda preocupación por lo que calificó como un cambio de reglas que afecta la seguridad jurídica y la transparencia. Sus críticas apuntaron directamente a la «demora excesiva» y al traslado en carga común de las actas de votación en el extranjero, las cuales tardaron tres días en llegar en físico a Lima para su contabilización, afectando el procedimiento de los ciudadanos peruanos residentes fuera del país.
Regreso al escrutinio manual
Esta polémica surge luego de que las autoridades electorales decidieran retornar al cómputo manual y a la conservación de boletas físicas para la segunda vuelta, tras el colapso del sistema digital empleado en la primera ronda del pasado 12 de abril. Según Sánchez, esta alteración de los mecanismos vulneró la defensa del voto en más de 1,600 distritos de 16 regiones del país donde su opción resultó favorecida.
Batalla legal e implicaciones políticas
El candidato, acompañado por su equipo legal y sus aspirantes a las vicepresidencias, recordó que el proceso sigue abierto debido a la existencia de recursos de impugnación admitidos que deberán resolverse en próximas audiencias públicas ante los jurados electorales. Finalmente, Sánchez aprovechó el respaldo a sus seguidores para demandar el cese del «terruqueo» —término usado en el país para criminalizar la protesta social— y reafirmar que el movimiento aspira tanto a la reparación de la justicia electoral como a la liberación del expresidente Pedro Castillo.
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