Cientos de productores, comerciantes y artesanos marcharon en La Paz con banderas blancas este lunes, en rechazo a los bloqueos que mantienen desde principios de mayo sectores que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y que han provocado pérdidas millonarias, el cierre de negocios y despidos.
La movilización pasó por algunas zonas comerciales hasta llegar al centro histórico de la ciudad, sede del Gobierno y Legislativo, bajo la consigna de «no al bloqueo y sí al trabajo».
El impacto en las pequeñas empresas y el empleo
El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Edwin Fernández, dijo a EFE que pidió a los sectores obreros y campesinos en conflicto que cesen sus protestas porque perjudican al «90 %» de la población trabajadora, que no es asalariada y depende de emprendimientos propios.
Según Fernández, como consecuencia de los bloqueos, que comenzaron el 6 de mayo, las pequeñas empresas de La Paz y la ciudad vecina de El Alto tuvieron que despedir a «muchos trabajadores», pues se quedaron sin insumos y registran pérdidas «millonarias».
Pérdidas económicas y amenazas de desbloqueo
Las pérdidas globales para la economía boliviana superarían cifras alarmantes, según estimaciones del sector privado, mientras que los dirigentes de los gremiales o comerciantes minoristas calcularon un perjuicio millonario directo para el comercio local.
«El sector productivo el día de mañana (martes) va a salir a desbloquear, no vamos a permitir que un grupo de sindicalistas (…) sigan perjudicando al país», expresó a EFE Marcelo Fernández, un productor de El Alto.
Desabastecimiento crítico y origen del conflicto
Los bloqueos han ocasionado el desabastecimiento y encarecimiento de alimentos, y una escasez de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, cuya provisión es urgente para los hospitales.
Las protestas y bloqueos de carreteras son impulsados por campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Paz como «única demanda» y sin opción de diálogo.
Los sectores movilizados, sobre todo los campesinos, acusan a Paz de haberlos marginado de las decisiones gubernamentales, pese a que aseguran haberle dado la victoria en las elecciones correspondientes.
Acusaciones cruzadas y respuesta gubernamental
El Gobierno acusó a Morales de supuestamente financiar las protestas con recursos ilícitos, por lo que pidió a los dirigentes de las organizaciones sociales no dejarse «utilizar» por el exmandatario.
Por su parte, el presidente Paz firmó este lunes la ley que reglamenta los estados de excepción, aunque la promulgación no implica la vigencia automática de esa medida porque hace falta un decreto que todavía no ha sido anunciado y que también debe ser aprobado por el Legislativo.
Paz, que este lunes cumple siete meses de Gobierno, reiteró a las organizaciones movilizadas su disposición a dialogar.
Los conflictos han dejado al menos diez fallecidos, incluidas siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos y otras tres fallecidas en el contexto de las protestas, en circunstancias que son investigadas.
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