Los presos de varias cárceles de Venezuela han decidido levantar la huelga de hambre que mantenían desde el domingo, luego de que el Ministerio de Servicio Penitenciario empezara a atender sus reclamos e, incluso, otorgara medidas de libertad, informó a EFE este viernes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La ONG indicó que equipos del Ministerio de Servicio Penitenciario -que no difundió información al respecto- se han acercado a distintos centros penitenciarios del país, con lo que han empezado procedimientos en tribunales, así como medidas de libertad aunque, dijo, desconoce si estas son plenas o cautelares.
En una de las cárceles, señaló el OVP, los presos dieron un plazo de 15 días al Ministerio para ver los resultados de sus peticiones, que se centran, principalmente, en resolver el retraso procesal.
El Gobierno de Venezuela comenzó a atender los reclamos de los presos en medio de una huelga carcelaria que empezó el domingo y que, según organizaciones no gubernamentales, sumó a más de 50.000 privados de libertad en protesta.
El Ministerio de Servicios Penitenciarios difundió en redes sociales fotografías que muestran al líder de esa cartera de Estado, Julio García Zerpa, nombrado el martes para el cargo, en conversaciones con mujeres y hombres recluidos en los estados Lara (oeste) y Carabobo (norte).
Se trata, explicó el Gobierno, del comienzo de un despliegue de atención de las denuncias de los privados de libertad y de sus familiares, algunos de los cuales se han manifestado frente a tribunales para exigir respuesta a los reclamos de los reos.
Venta a la Libertad
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha facilitado más información sobre la situación dentro de las cárceles y ni siquiera ha empleado la palabra «huelga» al hablar de la atención brindada desde el domingo, cuando arrancó la protesta.
Según registros del OVP y de la ONG Una Ventana a la Libertad, la huelga de hambre se extendió por 51 centros -entre penitenciarias y calabozos de comisarías- ubicados en 17 de los 23 estados del país, así como en Caracas.
En un documento enviado al OVP, un grupo de reclusos solicitó que diputados, jueces, Ministerio Público y Defensa Publica se presenten «para que se haga efectiva la práctica del plan revolución judicial», que contemplaba solucionar en 60 días, desde su aprobación, el hacinamiento y retardo procesal en las prisiones de Venezuela, según anunció el presidente Nicolás Maduro en 2021.
En el escrito, también se exige «libertad inmediata para los privados que se encuentran con retardo procesal», así como la de «toda persona mayor de 70 años» y de quienes se encuentren en condiciones de salud «que no puedan ser atendidos en los centros de reclusión».
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